• Un programa a punto de cumplirse

• El modelo de contratación, la clave  

CUANDO  se lanzó el programa de la cien mil casas gratis que serían entregadas en Colombia a los hogares de bajos recursos, privilegiando a víctimas del conflicto armado y otros sectores vulnerables, algunos pusieron en duda la posibilidad de que una estrategia tan ambiciosa en materia de infraestructura urbanística pudiera llegar a buen término, más aún por el enorme esfuerzo presupuestal que construir tal cantidad de unidades residenciales significaba. No faltaron quienes, en medio de la polarización política imperante, acusaran al Gobierno de hacer populismo con los más pobres y desamparados. Igual, desde algunas voces gremiales se dijo que el país no contaba con semejante extensión de predios urbanizables y que tampoco existía un marco de regulación contractual que garantizara que los proyectos adjudicados a los privados se terminaran ejecutando al ciento por ciento, más aún en un país en donde, lastimosamente, los incumplimientos, la renegociación de contratos, la negligencia y la corrupción han dado al traste con no pocas iniciativas en  infraestructura. Incluso se llegó a escuchar que las gobernaciones y las alcaldías no prestarían su concurso al programa gubernamental por presuntos celos institucionales. Hasta los más optimistas frente a la ambiciosa meta no ocultaban temores de que aun si se terminaban construyendo esas miles de casas y apartamentos, correrían la misma suerte de no pocos proyectos de vivienda que fueron levantados en terrenos no aptos o que, en su defecto, serían conjuntos residenciales con baja cobertura de servicios públicos, accesos viales deficientes o alejados drásticamente de los polos de oferta comercial, educativa, institucional, productiva, de empleo, salud y de recreación. Se llegó al extremo de pronosticar que se estaba creando el riesgo de una especie de tugurización municipal con todo lo que ello implica en materia de exclusión social, inseguridad y pobreza consuetudinaria…

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el entonces ministro de Vivienda y hoy vicepresidente, Germán Vargas Lleras, lanzaran el proyecto de las cien mil casas gratis y lo pusieran como una de las banderas de la administración. Hoy, esa meta que entonces se veía muy lejana está a punto de cumplirse. Las estadísticas del ministerio del ramo indican que ya están terminadas un total de 97.062 viviendas cien por ciento subsidiadas y se espera que en menos de veintisiete días se llegue al objetivo final y ello se haría en el corregimiento de El Salado, en Bolívar, zona que años atrás fuera escenario de una de las más atroces masacres perpetradas por los grupos paramilitares pero que ahora está tratando de reverdecer, mediando el regreso de decenas de familias desplazadas por la violencia.

Salvo problemas muy puntuales, en un programa de semejante dimensión, el proceso para la construcción y adjudicación de las casi cien mil viviendas ha estado blindado de escándalos de corrupción, incumplimiento de los contratistas, mala calidad de las viviendas o sobrecostos millonarios. Es claro que en el esquema que se aplicó para adjudicar al sector privado el desarrollo de los proyectos habitacionales, el esfuerzo económico inicial corría por cuenta de éste y el Gobierno solo pagaba tras la entrega a satisfacción de las obras, es decir, que no hubo anticipos presupuestales a los constructores y se desterró la manía de los otrosí y adiciones de recursos, que pululan en el régimen de contratación pública en nuestro país. Paradójicamente cuando este modelo contractual se lanzó, desde algunos sectores se dijo que los constructores de experiencia y con el suficiente músculo financiero no se le medirían pero ya en la práctica se evidenció todo lo contrario. Es más, el mismo esquema se está aplicando a otros programas bandera como el de las licitaciones para la construcción de las autopistas de cuarta generación.

En un país acostumbrado al cumplimiento a medias de los proyectos de amplio impacto social, el estar a menos de veinte días de concluir las cien mil viviendas gratis, -que tendrán una segunda fase- marca un antes y un después. Los temores y advertencias iniciales sirvieron para blindar todo el proceso, a tal punto que esta iniciativa es hoy ejemplo a nivel internacional en planes de superación de la pobreza y de la inequidad social, al beneficiar directamente a centenares de miles de personas. Y eso debe reconocerse, objetivamente, en mayúscula.