* La prioridad de las reformas
* Desactivar el pleito menor
LA justicia es el tema de moda en Colombia. Desde todos los flancos se habla de ella. En el Congreso ya va en quinto debate un proyecto de acto legislativo que buscar darle un ajuste de fondo a esta rama del poder público. También se escenifica allí un pulso en torno de por cuál ruta debe gestionarse un urgente fortalecimiento del sistema de investigación y juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública. Igualmente acaba de posesionarse un nuevo Fiscal General. Paralelo a ello el país asiste al arranque de una de las leyes más importantes de las últimas décadas como lo es la de reparación a víctimas de la violencia y restitución de tierras. Sumado a todo lo anterior, las altas Cortes han sido muy prolíficas en los últimos tiempos en fallos y decisiones de fondo sobre los escándalos de corrupción y procesos penales, laborales, civiles y contencioso-administrativos que centran la atención mediática y de la opinión pública.
Resulta positivo que la justicia se evidencie tan actuante en un país en donde hay una multiplicidad de violencias y fenómenos ilegales cruzados. Aunque persisten porcentajes preocupantes de impunidad, es claro que esta rama del poder público se ha consolidado en las últimas décadas como el bastión que sostiene la estructura institucional. Por lo mismo, en momentos en que se habla de reformas al por mayor y de ajustes en todo nivel en la Administración de justicia es necesario que éstos no sólo se enfoquen en los grandes pleitos y escándalos, choques de competencias y cambios en las jerarquías entre altas cortes, tribunales, juzgados, Fiscalía, Ministerio Público y otras instancias. El principal objetivo debe ser cambiar esa percepción del ciudadano promedio respecto de que sus necesidades de justicia por cuestiones domésticas y relacionadas con su entorno familiar, social y colectivo, no están entre las prioridades del Estado.
Siempre hemos insistido en estas páginas que el mejor de los aparatos de justicia es aquel que se manifiesta cercano al ciudadano, que actúa con eficacia y prontitud para tramitar sus quejas, demandas y denuncias. Un sistema que entienda la importancia de arbitrar a tiempo las pequeñas diferencias ciudadanas, bajo la premisa de que si las personas ven a un Estado actuando en la resolución de pleitos domésticos, menores o de limitado alcance, tendrán la certeza de que la autoridad es para todos y no hay, entonces, que acudir a vías de hecho. No deja de resultar preocupante que uno de los focos de desorden público urbano esté referido a las riñas intrafamiliares o callejeras. Y que una de las principales causas de los homicidios se debe a la intolerancia ciudadana, que sin duda traduce una proporción de personas que en vez de acudir a la justicia para dirimir contradicciones, prefiere actuar por propia mano.
Cada vez que se hace un diagnóstico sobre el alud de acciones de tutela que día tras día interponen en Colombia, la conclusión es la misma: la ciudadanía acude a estos recursos extraordinarios de amparo ante la certeza de que si tramita su requerimiento o necesidad por la vía de las jurisdicciones penal, civil, laboral o contencioso-administrativa, la solución no sólo se demorará mucho tiempo sino que le implicará involucrarse en procesos engorrosos, costosos y desgastantes.
Es obvio, entonces, que el sentido final de toda reforma a la Administración de justicia debe ser facilitar el acceso de cualquier persona a un sistema de resolución de conflictos ágil, transparente y confiable. Un sistema que al actuar de manera temprana evita que toda diferencia ciudadana tenga que llegar a la instancia del pleito procesal y complejo. Un sistema que aplique mecanismos alternativos para dirimir las contradicciones menores y domésticas, no con el objetivo de volver contravencionales los delitos menos graves y de bajo impacto, con el único fin de evitar un aumento de población carcelaria, sino bajo la prioridad de que la justicia es lo suficientemente dinámica para desactivar un asunto que inquieta o molesta a determinado individuo. Un expresidente solía decir que para un campesino la noción buena o mala del Estado parte de la base de cómo se relaciona con el policía de barrio. Igual ocurre con la justicia, la valoración de la misma por parte de una persona en particular no se sustenta en cómo se procesan los grandes escándalos y plietos, sino en la forma en que se resuelve la diferencia o contradicción más cercana, doméstica o menor.