* informe de la Cruz Roja
* La abominable incapacidad del Estado
Resulta altamente desconsolador el último informe dado a conocer por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre Colombia. Ciertamente, como allí se dice, en la nación se desarrollan hoy varios conflictos armados al mismo tiempo. Y la estela de la paz que se suponía iba a dejar el proceso firmado con las Farc, hace más de un lustro, resultó flor de un día o en realidad nunca se produjo.
En esa medida, según también se afirma en el documento, los colombianos se han acostumbrado a la guerra. Y bajo esa premisa se sigue reputando a nuestro país como el escenario de una tragedia humanitaria de carácter mundial, donde preponderan sin remedio las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Pero más allá de este tipo de tecnicismos jurídicos, con sus recomendaciones atinentes, la razón es una sola: la deficiente (o nula) presencia estatal en todo el territorio. La conclusión es apenas obvia. No se necesita, por supuesto, que un organismo internacional lo diga para tener la certeza de que, desde hace décadas, esto es así a ojos de todos los colombianos. Esa es la gran tragedia: una nación donde la soberanía no impera, sino que es una colcha de retazos. Es decir, donde ella no es patrimonio nacional, sino que es privilegio de unos pocos departamentos o solo de ciertas regiones dentro de los mismos.
Obviamente ello no significa que, sobre algunos delitos, como el homicidio o el secuestro, para solo citar dos casos, no se hayan presentado reducciones sustanciales en los últimos años.
De otra parte, tal como lo habían advertido ya los informes de la Misión de Verificación de la Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos o incluso de entidades como la Defensoría del Pueblo, así como los reportes de organizaciones y centros de estudios de las dinámicas de la violencia, como Indepaz, Cerac o la Fundación Ideas para la Paz, el accionar violento de la guerrilla del Eln, las Farc no desmovilizadas, al igual que el de las bandas criminales de alto espectro (tipo ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Caparros’), ha ido creciendo en los últimos años, especialmente alrededor del pulso armado por el dominio de los principales focos de rentas ilícitas, como minería criminal, narcotráfico, contrabando, deforestación y otros delitos derivados.
Por ello se ha generado un aumento de los homicidios selectivos, masacres, desplazamiento forzado, terrorismo, ataques a la Fuerza Pública, extensión de cultivos ilícitos y otras graves afectaciones para la población civil y las instituciones. Por lo demás, la frontera con Venezuela y varias zonas del suroccidente y oriente del país son las más golpeadas por este fenómeno de grupos armados y bandas criminales.
Ahora, es innegable también que las Fuerzas Militares y de Policía han asestado duros golpes al Eln, las Farc, así como a las bandas criminales y carteles. Muchos de sus jefes así como personal de base han sido neutralizados o abatidos. Sin embargo, el hecho de que la dictadura chavista y el territorio venezolano les sirvan de retaguardia estratégica, así como la velocidad con que estas estructuras reemplazan a los cabecillas, ha dificultado un debilitamiento más rápido de dichas facciones, aunque por supuesto no es excusa para haber actuado más drásticamente. Igualmente debe reconocerse la mayor celeridad de los jueces y fiscales para esclarecer los móviles y autores materiales e intelectuales de los asesinatos de líderes sociales, desmovilizados y población civil en general. Son logros objetivos y también innegables.
Pero todo ello no ha servido para que pueda hablarse, en lo absoluto, de que el Estado colombiano tiene el dominio pleno de su territorio. En varias ocasiones hemos indicado que se requiere un cambio integral de la política de seguridad y orden público en nuestro país. Una reingeniería que, con voluntad política, presupuestos amplios y una estrategia que pueda evaluarse constantemente, lleve a un eficaz control del territorio por parte de la institucionalidad.
Hay en la actualidad un solo hecho insoslayable: la inseguridad y el desorden público campean en varias zonas del país y es necesario redoblar la capacidad estatal para neutralizar un fenómeno que cada día cobra más víctimas. Recuperar la soberanía sigue siendo la consigna. Claro, si en verdad se quiere que la Constitución sea una realidad efectiva para todos los colombianos.