* Gobierno dice que ejecución está ya en 41%
* Urge debatir readecuación de la hoja de ruta
Tras año y medio de vigencia de la ley que, en mayo de 2019, activó el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno, es momento de analizar cómo va la ejecución de la principal hoja de ruta del cuatrienio y cuál ha sido el impacto que sobre la implementación de la misma ha tenido el profundo coletazo de la pandemia desde marzo pasado.
En informe dominical de este Diario, el Director Nacional de Planeación precisó que el Plan se viene desarrollando a buen ritmo e incluso reveló que la ejecución ya está en un 41%. Calificó como positivo dicho porcentaje, más aun teniendo en cuenta todo lo que ha significado el amplio plan de contingencia activado para hacer frente al Covid-19 en nuestro país, que ya suma 952 mil contagios y más de 28 mil decesos.
Hemos señalado en estas columnas que el impacto de la emergencia sanitaria obligó a modificar el rumbo de ejecución presupuestal y de prioridades programáticas de todo el Estado, desde el Gobierno nacional hasta en gobernaciones y alcaldías. Incluso, si bien es cierto que los mandatarios seccionales y locales posesionados este año lograron que las asambleas departamentales y concejos municipales les aprobaran sus respectivos planes de desarrollo, sería ingenuo negar que muchas de estas estrategias tienen condicionada su ejecución y aplicabilidad al rumbo de la pandemia, más ahora que están prendidas las alertas por la posibilidad de rebrotes del virus en distintas zonas del país.
De acuerdo con Planeación Nacional, es claro que la crisis por el coronavirus ha impactado todos los sectores, pero también se ha convertido en una oportunidad para acelerar algunas de las metas y objetivos prioritarios de un Plan de Desarrollo que contempla inversiones por casi 1.100 billones de pesos, teniendo como principios rectores la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Por ejemplo, en cuestión de apoyo directo a las clases vulnerables o incluso en las perspectivas de inclusión financiera y profundización de la era digital se han logrado en apenas un año avances más rápidos de los inicialmente presupuestados.
Obviamente, como lo han advertido muchos analistas, gremios y centros de estudios económicos, fenómenos como la cuarentena y la parálisis consecuente en el sistema productivo, el aumento del desempleo y la afectación del flujo de inversiones y el clima de negocios en general, han tenido un efecto recesivo sobre la economía. Por ejemplo, una parte importante de los programas de desarrollo de infraestructura se vio golpeada por la emergencia sanitaria, no tanto en las obras que están en fase de diseño y planificación financiera, sino en las que ya estaban en ejecución o a punto de comenzarla.
De igual manera, no pocos estudios a nivel interno y externo han advertido que las ingentes destinaciones presupuestales de todos los gobiernos para hacer frente a la pandemia han obligado a aplazar proyectos bandera o a redirigir recursos de unos sectores estructurales a otros urgentes y coyunturales. Tanto en Colombia, como en cualquier otra nación, esa circunstancia obviamente afecta la implementación de los planes de gobierno, sobre todo por el alto impacto fiscal. En nuestro país, por ejemplo, como lo publicó este Diario, en siete meses el Gobierno ha gastado más del 3,5% del Producto Interno Bruto en la atención de la emergencia, pero es claro que la estrategia de recuperación y reactivación socioeconómica podría demandar recursos que superen el 15% de este mismo indicador.
Visto todo lo anterior se hace imperativo, entonces, que el Gobierno, el Congreso, los gremios, la academia y otras instancias del orden nacional abran un debate profundo y objetivo sobre cómo va la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, cuáles de sus metas y énfasis deben ser repensados acorde con el impacto de la pandemia en los distintos órdenes y, sobre todo, si esa hoja de ruta que se discutió y aprobó en una realidad muy distinta a la que hoy atraviesa Colombia y el mundo, continúa siendo funcional y aplicable a lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”. Un análisis más urgente si se tiene en cuenta que hay coincidencia a nivel global en que esta emergencia durará (en el mejor de los casos) por lo menos un año más y recuperar los niveles económicos y sociales que se tenían antes de esta crisis del Covid-19, bien podría tardar una década o más.
No es, pues, un debate teórico ni caprichoso. Todo lo contrario, es una discusión necesaria para un país que de un momento a otro, por efecto de la pandemia, vio cambiar todos los planes que tenía tanto en lo público como en lo privado. Y en ese marco, es apenas lógico que se revise qué pasará con la hoja de ruta cuatrienal.