* Dos meses de una legislatura improductiva
* Gobierno, principal freno de sus reformas…
Esta semana se cumplirán dos meses del arranque de la segunda legislatura en la administración Petro. El balance de la productividad legislativa claramente no es el mejor, ya que buena parte de los proyectos de ley y acto legislativo, tanto de origen gubernamental como parlamentario, continúan a paso de tortuga. Paradójicamente gran parte de la responsabilidad de ese bajo ritmo en comisiones y plenarias la tiene el propio Gobierno, ya que su reiterada negativa a concertar los alcances de sus iniciativas de reforma de salud y pensiones ha llevado a que su trámite permanezca trabado en Cámara y Senado respectivamente.
Aunque el Jefe de Estado y sus ministros hablan a cada rato de la necesidad de avanzar en un “acuerdo nacional”, esa intención no pasa de la esfera discursiva. No se ve ánimo alguno de concertación real y proactiva de los articulados de las cuestionadas iniciativas y sí una ratificación de posturas tan radicales como intransigentes. Es más, en las últimas semanas ha subido el tono desafiante desde la Casa de Nariño, el gabinete y el Pacto Histórico contra partidos y congresistas de la oposición, los independientes e incluso de las propias filas de la minoritaria coalición de centroizquierda.
Resulta difícil de entender el accionar del Ejecutivo y sus afines en el Parlamento siendo evidente que no tienen los votos suficientes para imponer las reformas. Prueba de ello es lo que pasó con la subcomisión que se creó en la plenaria de la Cámara para avanzar en modificaciones a la reforma de salud. El disminuido bloque oficialista trató infructuosamente de frenar la activación de esa instancia parlamentaria accidental. Así las cosas, el segundo debate sigue sin arrancar en firme, en espera de que la citada subcomisión, en la que tendrán voz todos los actores del sistema, entregue su respectivo informe.
En cuanto a la pensional, tampoco ha avanzado en la plenaria del Senado, en gran parte porque el Gobierno insiste en no consensuar temas prioritarios como el umbral de cotizaciones salariales que tendrá Colpensiones y el rol de los fondos privados en el sistema de jubilación. No menos complicado es el panorama para el nuevo proyecto de reforma laboral que la ministra de Trabajo radicó semanas atrás con un articulado similar al de la iniciativa hundida en junio pasado. Por ahora no ha tenido ni siquiera primer debate, en tanto la mayoría de los partidos advirtió que si no se ajusta el texto irá rumbo al archivo.
En cuanto a otros proyectos que el propio Presidente había anunciado para este segundo año legislativo, solo aterrizó esta semana el primero de la reforma educativa, aunque con alerta a bordo por parte de las universidades privadas. Sin embargo, las reformas al Código Minero, la ley de servicios públicos o la de reparación a las víctimas no han sido radicadas. Tampoco llegaron los proyectos de “humanización carcelaria” ni el de flexibilización penal para las bandas criminales de alto espectro. Paradójicamente, mientras se alarga la incertidumbre sobre qué está pasando con la agenda legislativa prioritaria del Ejecutivo, se ponen a sonar otras posibles iniciativas, como la mencionada en días pasados para tratar de quitarle a la Procuraduría General la posibilidad de suspender o destituir a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Hasta de un proyecto de reforma judicial se habló, pero todo se queda en anuncios, lo que ya es una característica de este gobierno y su accidentada gestión.
De otro lado, no se puede desconocer que aunque se han llevado a cabo varios debates de control político, sobre todo alrededor de temas delicados como la crisis de orden público e inseguridad, la violencia electoral, los problemas energéticos y los polémicos borradores de decreto sobre expropiación de tierras e incentivo a las movilizaciones campesinas, muchos senadores y representantes a la Cámara están poniendo más atención a la recta final de los comicios regionales y locales.
Tampoco se ha visto mayor avance en el proceso de convocatoria pública para la elección del Contralor General, en tanto que ya es rutinario el desfile de denunciantes ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Otro aspecto que ha estado al orden del día son las peleas e insultos entre los congresistas en medio de una polarización política y electoral cada vez más marcada.
Como se ve, tenemos un Congreso en cámara lenta, improductivo, distraído en la campaña electoral y en donde el Gobierno se erige como el principal freno de su propia agenda prioritaria.