Complicado a más no poder. Así es el escenario en que el próximo 16 de febrero el Congreso arrancará el segundo tramo de la tercera legislatura. Es innegable que el inicio de este 2025 ha sido muy accidentado en múltiples frentes y el Parlamento se enfrenta al reto de ser pieza fundamental para calmar las aguas y corregir el rumbo o, por el contrario, contribuir a la profundización de la caótica coyuntura.

Hay asuntos muy preocupantes sobre la mesa. Aún tiene varios flancos activos la crisis sin precedentes en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de la controvertida postura del gobierno Petro frente a la deportación de miles de connacionales con situación migratoria irregular ordenada por la Administración Trump. Lo que hubo fue una desactivación parcial del cortocircuito entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño, pero hay muchos asuntos complejos por resolver.

De igual manera, persiste la grave problemática de orden público y humanitaria en la región del Catatumbo por cuenta de los combates entre facciones guerrilleras y la misión de la Fuerza Pública por retomar el territorio. En tanto, el aparato productivo transita por una especie de ‘campo minado’ en donde se mezclan el retroceso del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) entre octubre y noviembre pasados, el crecimiento de la inflación en enero, la alarma por inminentes aumentos de las tarifas de energía y gas, la profundización de la crisis en el sistema de salud, las alertas por la insuficiencia del recorte presupuestal, la preocupación regional por el no giro de partidas para proyectos clave, la propuesta presidencial para que Ecopetrol renuncie al fracking en Estados Unidos y el inminente fallo sobre la cuestionada reforma pensional, entre otras.

Y, como si todo lo anterior fuera poco, el país acaba de presenciar un insólito y sintomático consejo de ministros televisado en el que no solo hubo duros enfrentamientos entre altos funcionarios y renuncias sobre la mesa, sino que dejó al descubierto actos de inconformismo con no pocas decisiones presidenciales, sobre todo en materia de nombramientos, discurso y gestión.

El reinicio de las actividades parlamentarias está incidido, además, por una serie de nuevos factores políticos del último mes y medio. El partido Liberal abandonó por fin la coalición gubernamental y se pasó a la franja independiente. De otro lado, los senadores David Luna y Humberto de la Calle, así como un representante renunciaron a sus curules y se esperan más dimisiones, lo que impactará la ecuación política en comisiones y plenarias.

Asimismo, mientras el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se ratifica en la defensa de la independencia del Legislativo y rechaza las presiones de la Casa de Nariño, se advierte que varios congresistas podrían ser objeto de inminentes órdenes de captura por escándalos de corrupción como el de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. También sigue vigente la posibilidad de que el gobierno estadounidense cancele o no renueve visas a funcionarios y aliados políticos del gobierno Petro, impactando obviamente a la bancada oficialista.

En medio de este difícil escenario, Senado y la Cámara deberán desarrollar una intensa agenda. De entrada, se prevén decenas de debates de control político por temas de seguridad, la dictadura venezolana, crisis en servicios públicos, quiebra de EPS, implosión de los procesos de paz, baja ejecución presupuestal, líos en financiación electoral y pulsos de gobernadores y alcaldes con la Casa de Nariño… También la Comisión de Acusación deberá tomar decisiones sobre las dilatadas investigaciones a Petro.

Es claro que la prioridad gubernamental serán los polémicos proyectos de reformas a la salud y laboral, aunque para las bancadas la mira estará en la estructuración del proyecto de Ley de Competencias que definirá los rubros de gasto e inversión que pasarán a los departamentos y municipios en virtud de la aprobada reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Otras iniciativas clave serán la reglamentación de la Jurisdicción Agraria, el transfuguismo político, el nuevo marco jurídico para someter a la justicia a las bandas criminales, la eventual convocatoria de un referendo de autonomía fiscal regional o incluso la presentación de otro proyecto de reforma tributaria, pese al rechazo generalizado parlamentario. A ello habría que sumar los intensos debates sobre la declaratoria de conmoción interior en Catatumbo, la posibilidad de una prórroga y la pertinencia o no de los decretos dictados a su amparo, hoy bajo la lupa de la Corte Constitucional.

Como se ve, el Congreso arranca en medio de una caldera política, cuyas llamas crecerán a medida que el año electoral tome más ritmo. Todo esto cruzado por la agudización de la crisis de gobernabilidad, pues no se sabe si caerán más ministros, habrá renuncia protocolaria o el presidente se verá forzado a reversar controvertidos nombramientos para calmar la rebelión en sus toldas. Oposición e independientes dicen estar listos para dar la batalla en comisiones y plenarias, en tanto sectores políticos, económicos, gremiales, regionales e institucionales urgen del Legislativo responsabilidad y ponderación para afrontar esta apretada agenda. Así las cosas, la pregunta es una sola: ¿El Parlamento será fórmula de solución o de complicación?