*Inseguridad, cierres viales y costos desbordados

*Urge un plan de contingencia realista y efectivo

El transporte de carga por carretera es uno de los rubros más dinámicos de la economía real. Cálculos gremiales señalan que esta actividad y la cadena logística derivada representan alrededor del 5% del Producto Interno Bruto y genera 1,6 millones de empleos. A ello se suma la cantidad de sectores de industria, comercio, consumo, servicios y otros rubros que tienen en la movilización de más de 133 millones de toneladas al año uno de sus más importantes motores y fuentes de ingresos.

De allí la preocupación creciente por el agravamiento de varias problemáticas que, si bien no son nuevas, sí han evolucionado en los últimos meses a un panorama muy crítico que está poniendo contra la pared el transporte de carga por carretera.

En las últimas semanas la principal alerta ha estado en las vías desde y hacia los Llanos Orientales, no solo por el taponamiento de la autopista Bogotá-Villavicencio -debido a derrumbes tras un fuerte temblor-, sino también por la caída del puente Los Grillos, en la carretera entre Boyacá y Casanare. Ya este año se habían registrado emergencias de este tipo, como el colapso de la estructura El Alambrado, en el Valle, o el aún más complicado bloqueo por varias semanas de la autopista Panamericana, tras el enorme deslizamiento en el sector de Rosas, Cauca.

Pero este es apenas un flanco de la crisis. Semanas atrás un informe de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) daba cuenta de seis flagelos muy graves. Los hurtos en la modalidad de “piratería terrestre” encabezan el listado, sobre todo en las vías que comunican a Antioquia, Santander, Norte de Santander y Bogotá con la costa Caribe.

A ello se adiciona que los transportadores también son blanco de la ola de extorsión que se está extendiendo por todo el país, al punto que solo mediante el pago de ‘vacunas’ a grupos armados ilegales o de delincuencia común se puede transitar por determinadas vías o sectores. Los actos terroristas son otro de los lastres, sobre todo por la ubicación en carreteras de artefactos explosivos, los ‘paros armados’ y los ataques incendiarios a camiones y tractomulas en varias regiones.

Otro de los fenómenos que más está afectando a los conductores y empresas es el relacionado con los polizones. Es decir, personas que se suben de forma subrepticia a los vehículos, ya sea para movilizarse irregularmente por largos trayectos o hurtar mercancías. Como si fuera poco, hay un nuevo ‘modus operandi’ de los delincuentes, que consiste en formar grandes grupos de personas que se atraviesan en las vías con el fin de forzar a los vehículos a detenerse y ser blanco de robos masivos.

Asimismo, el aumento de las protestas sociales, sobre todo en relación con paros y bloqueos, impacta cada vez más en la productividad del transporte por carretera. Por ejemplo, en marzo pasado los efectos del llamado ‘paro minero’ fueron muy onerosos para el sector. Ayer mismo, una nueva reapertura parcial de la autopista a Villavicencio volvió a complicarse por cuenta de protestas de habitantes del municipio de Cáqueza, en Cundinamarca, que reclaman, paradójicamente, ayudas gubernamentales porque el cierre de la vía ha ocasionado millonarias pérdidas a toda la región.

A todo lo anterior, deben agregarse las protestas, sobre todo de los camioneros independientes, por la escalada de reajustes al precio de la gasolina en el último año y los anuncios gubernamentales en torno a que se hará lo propio con el valor del diésel a partir de enero, sin lo cual sería imposible disminuir el billonario déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. También hay alerta en este gremio por cuenta de la inminente descongelación de las tarifas de los peajes, el impacto de la inflación en la canasta de insumos y servicios sectoriales, así como por el efecto que puedan tener reformas como la laboral, de salud y pensional en las escalas salariales, de seguridad y fletes, entre otros.

Como se ve, el panorama es muy difícil. Es imperativo que el Gobierno se ponga al frente de estas problemáticas y genere una estrategia de contingencia para enfrentar sus distintos flancos, con soluciones viables y realistas a corto, mediano y largo plazo. Si bien no se desconoce que hay asuntos muy complejos por abordar, y que estos demandan altos costos fiscales, cuantiosas inversiones y decisiones de fondo en muchos frentes, la inacción no es una alternativa, ya que se convierte en una ruta ruinosa para este sector clave de la economía.