Sigue prendida la controversia en torno de los cabecillas paramilitares e incluso algunos guerrilleros que saldrán de la cárcel en los próximos meses por cuenta de la Ley de Justicia y Paz, tras cumplir los ochos años máximos de prisión intramural que establece esa normatividad que fue aprobada en 2005, en el primer ejemplo de justicia transicional aplicado en Colombia.
Todo el país sabe que la implementación de la norma que permitió la desmovilización del grueso de las autodefensas en el pasado gobierno ha tenido un desarrollo traumático por tres circunstancias muy específicas. En primer lugar, que el procedimiento judicial se tornó engorroso, no sólo por la gran cantidad de delitos que los paramilitares cometieron a lo largo de muchos años de barbarie, sino porque la individualización de los responsables ha tomado mucho tiempo. Baste decir que hay casos en donde a un solo sindicado se le imputan desde cientos hasta mil, dos mil o más delitos. Todo lo anterior explica por qué es tan bajo el número de condenas en firme.
En segundo lugar es evidente que buena parte de los desmovilizados que se acogieron a Justicia y Paz no han colaborado en forma eficiente con la Fiscalía, pues sus confesiones han sido muy parciales, desconociéndose así el principio básico de la ley en cuanto a la verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, el volumen de bienes entregados por los exparamilitares desmovilizados para resarcir el daño a sus miles de víctimas es ínfimo y le tocó al Estado, mediante los programas de Reparación por Vía Administrativa y ahora por la Ley de Reparación a Víctimas, asumir gran parte de los costos del proceso.
Y, por último, es claro que el aparato judicial colombiano no estaba preparado para afrontar un desafío de tal magnitud en materia judicial, y menos con una Rama que desde hace muchos años arrastra la necesidad de una reingeniería a fondo.
¿Deben salir de la cárcel los paramilitares y guerrilleros que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y que están próximos a cumplir los ocho años de prisión que están fijados en esa norma como máxima pena? Esa es la pregunta que divide a la opinión pública pero que a la luz del Estado de derecho parece favorecer a los hoy presos, así decenas de miles de sus víctimas no hayan sido reparadas o no se conozca toda la verdad sobre los delitos cometidos.