*Condena a López, burla a la justicia
*Se pisotea el estado de derecho
Los observadores imparciales del juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López, en Venezuela, concuerdan en señalar que con su detención arbitraria y la farsa en los tribunales, lo que se ha demostrado es que no tienen garantías ni futuro los que estén contra el gobierno de Nicolás Maduro. Juristas respetables señalan que en el vecino país no existe la debida separación de poderes y que la rama judicial y la electoral dependen de la voluntad política del poder ejecutivo. Lo cierto es que la llamada “revolución bolivariana” discrimina en diversas categorías a todos aquellos que no comulgan con sus ideas y no hacen parte de las milicias oficiales. Por tanto, los jefes de la oposición, sus partidarios, y aquellos que no votan por sus listas y candidatos, son tratados como parias y sin derechos dentro del mismo país.
En tal sentido, cuando hace más de dos años el presidente de la Asamblea Nacional decidió acudir personalmente, con un comando armado, a la plaza en la cual López arengaba a la multitud y detenerlo, la suerte del valeroso opositor estaba signada por la fatalidad. Diosdado Cabello condujo personalmente y por la fuerza a López a la prisión militar. Se quería con esa acción atrabiliaria y por fuera de los mandatos legales lanzar un mensaje a todos los miembros de la oposición: cero tolerancia, cero garantías, cero debido proceso.
Con la captura ilegal López y los dos años que ha pasado en prisión, durante los cuales ha sufrido las peores vejaciones, también quedó en evidencia que es posible mantener ilegalmente fuera de circulación a uno de los más elocuentes luchadores contra el régimen chavista.
La reacción de los países democráticos latinoamericanos frente a la violación de los derechos de la oposición en Venezuela y, en particular en el caso de López, era ayer muy débil. Mientras los partidarios del “socialismo del siglo XXI” se mantienen unidos en el poder o en la oposición, los demócratas siguen divididos en cuanto a la reacción frente a los excesos dictatoriales de los gobiernos populistas en la región. La indiferencia regional ha permitido que López fuese condenado en una mascarada judicial, en la cual el derecho a la defensa ha sido pisoteado. Faltó, también, a los venezolanos más presencia en las calles y una actividad más eficiente ante la OEA y la ONU para exigir verdadera justicia en Venezuela.
Se juzga y condena al joven dirigente opositor por la supuesta responsabilidad en la muerte de 43 personas que fueron abaleadas por gatilleros del régimen, en las protestas de febrero y mayo de 2014. Cargos que son de un cinismo aberrante, puesto que nada tuvo que ver López con esas muertes e incluso la mayoría de las víctimas eran de la propia oposición.
Es por ello que este juicio es una prueba de la farsa democrática que se vive en el vecino país. Aunque en apariencia se le permitió al dirigente defenderse, lo hizo con muchas restricciones, probando que en realidad todo estaba dispuesto para su condena desde un comienzo. La jueza del caso, Susana Barrientos, hizo caso omiso a las invocaciones de los abogados defensores en torno de la inexistencia y debilidad expresa de las pruebas alegadas por los acusadores.
El “juicio político” contra López, como lo califican sin excepción los librepensadores a nivel local e internacional, se desarrolló, además, en medio de un impresionante despliegue de fuerza en los alrededores de los tribunales, no solamente por cuenta de las tropas oficiales, sino por milicias que atacaron a las gentes de la oposición que se atrevieron a expresar su solidaridad con el dirigente cautivo. La condena a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión es, por todo ello, infamante, una befa a la democracia, al derecho a disentir y manifestar las opiniones contrarias al régimen.
A buena hora ayer el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dejó conocer su profundo malestar y el de la Casa Blanca por la condena y la sentencia impuestas a López.
Es claro, a modo de síntesis, que semejante violación del debido proceso muestra la debilidad y desesperación de un régimen que apuesta a silenciar a todos los dirigentes de la oposición para ganar así elecciones amañadas y seguir en el poder, pese al descalabro económico y social en cual se hunde uno de los países más ricos del globo.