* Escenarios de discusión positivos
* Definir polémica cíclica e inconclusa
Aunque no es la primera vez que la prohibición a particulares del porte de armas con salvoconducto se pone sobre la mesa, pues con el pasar de los años ésta se ha convertido en una de esas tantas polémicas cíclicas e inconclusas en Colombia, parece que en esta ocasión, por cuenta de todo el debate que se inició por la propuesta del burgomaestre de Bogotá, habrá medidas de fondo al respecto.
En menos de cinco días ya hay varios hechos relacionados. De un lado, la división de opiniones entre gobernadores y alcaldes frente a la utilidad o no de la restricción, evidencia que se trata de un tema de dimensión nacional y que, por lo tanto, debe ser analizado más allá de la coyuntura política capitalina.
En segundo lugar, resulta sano el debate abierto en torno a si, en la práctica, el alcalde de una ciudad o municipio es realmente el jefe de la Policía, como lo reconoce la Constitución, y como tal puede tomar unilateralmente algunas decisiones en materia de orden público, las mismas que, hoy por hoy, están más en cabeza del comandante militar de la respectiva jurisdicción. El proyecto de ley que algunos senadores petristas anunciaron que llevarán al Congreso y las reacciones a favor y en contra derivadas, permiten vislumbrar que habrá un análisis de fondo y decisivo frente a este tema que, sin duda, requiere aclararse puntualmente. Incluso, se abre paso una tercera opción, nacida en las esferas gubernamentales, para que la facultad de prohibir o no el porte de armas quede en cabeza no del alcalde o el jefe castrense de la zona, sino del Consejo de Seguridad local, en donde tienen asiento una mayor gama de autoridades y por consiguiente se enriquece el sustento argumental de las decisiones.
Y en tercer lugar resulta sin duda positivo el debate sobre las implicaciones de que el Estado colombiano permita o autorice a sus ciudadanos el porte o la tenencia de armas de fuego para su defensa personal. Los argumentos hasta el momento expuestos son realmente preocupantes. Por ejemplo, que por cada pistola, revólver u otra arma amparada, existen tres más ilegales; que en el país fácilmente puede haber cuatro millones de armas de fuego; que éstas, las de origen ilícito, continúan siendo las más utilizadas en homicidios y otros delitos; que en las muertes derivadas de riñas callejeras, casos de intolerancia y violencia intrafamiliar, en muchos casos se han utilizado armas con salvoconducto; que si el Estado se muestra impotente para garantizar cien por ciento la seguridad de sus ciudadanos, no puede negarle a éstos la capacidad de armarse legalmente para hacer valer su derecho a la legítima defensa, más aún con una guerrilla débil y desesperada, un rebrote paramilitar (vía las ‘bacrim’) y un creciente accionar de la delincuencia común; que una solución intermedia sería permitir la tenencia del artefacto, pero no su porte en sitios públicos; que si se prohibiera totalmente lo uno y lo otro, el índice de tragedias producidas por impactos de balas perdidas disminuiría sustancialmente; que el problema radica en que no existe un registro, tipo huella balística, que permita rastrear fácilmente el arma de la cual fue disparada determinada ojiva…
Finalmente, ya está abierto un escenario de discusión muy importante alrededor del tema de las armas en poder de los particulares, no sólo de las legalmente amparadas sino de aquellas ilícitas y con usos abiertamente delincuenciales. Incluso el Gobierno dijo que lleva seis meses analizando un proyecto de ley al respecto y ya hay una iniciativa sobre restricción de armas en curso en el Parlamento… Todo ello debe llevar a que esta polémica cíclica e inconclusa desemboque, por fin, y dado su alto impacto en materia de seguridad ciudadana, en decisiones de fondo, analizadas abierta y ampliamente y con un marco general para ser aplicado en todo el país.