* Una tarea urgente del Congreso

* Dos años en un debate cíclico

Mañana comienza el segundo tramo de la última legislatura parlamentaria del gobierno Duque. Suele decirse en Colombia que estos tres meses que transcurren luego los comicios legislativos tienden a ser de muy baja productividad en materia de trámite de proyectos de ley y reformas constitucionales así como de debates de control político.
Sin embargo, en esta ocasión hay una serie de iniciativas en trámite en el Parlamento que exigen de los senadores y representantes salientes que se apliquen a sacarlas adelante.
Por ejemplo, se espera que en estos tres meses se destrabe la discusión en comisiones y plenarias del proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú. Como se sabe, esta es una iniciativa -que ya entró en vigencia a nivel continental- cuyo principal objetivo es facilitar el acceso de la ciudadanía a la información de los proyectos y obras que puedan tener un impacto en el entorno natural y ambiental. Tanto en escenarios nacionales como internacionales el presidente Iván Duque ha reiterado que es imperativo que el Congreso le dé luz verde a esta iniciativa antes de que termine este mandato, en agosto próximo.
Sin embargo, desde la oposición se crítica al Ejecutivo, señalándolo de tener una postura meramente discursiva al respecto. Se trae a colación este proyecto se presentó y tramitó en el primer semestre del año pasado, incluso con mensaje de urgencia, pero se terminó hundiendo pese a que la Casa de Nariño tiene bancadas mayoritarias en ambas corporaciones legislativas.
A comienzos de noviembre pasado el Gobierno volvió a radicar el proyecto de ratificación del Acuerdo pero terminó el primer tramo de la cuarta legislatura sin que hubiera comenzado el trámite o, por lo menos, asignado los respectivos ponentes.
Hay que ser realistas: es un tema bastante complejo y prueba de ello es que varios gremios de la producción han urgido que se haga un análisis muy pormenorizado de los alcances del pacto, con el fin de garantizar que su aplicación a rajatabla, sin ningún tipo de regulación o ponderación, no desemboque en una parálisis en la realización de las obras de infraestructura a nivel nacional, regional y local. Pero las reservas no solo son del sector productivo: algunas bancadas partidistas también piden al equipo ministerial que se precisen los alcances y tiempos de los mecanismos de acceso a la información de los proyectos por parte de terceros, de forma tal que se encuentre un punto de equilibrio que permita el desarrollo sostenible.
Este es un asunto que también se ha debatido en el marco de la campaña presidencial, dejando en evidencia que si bien la mayoría de los aspirantes a la Casa de Nariño están de acuerdo con que Colombia ratifique dicho pacto, hay zonas grises que deben ser despejadas, sobre todo en lo relativo a que la aplicación de Escazú no se convierta en un cuello de botella para el desarrollo de infraestructura, más aún en momentos en que, precisamente, el país requiere de mucho dinamismo en este flanco como parte del proceso de reactivación económica pospandemia.
A lo largo de las audiencias públicas realizadas en todo el país, tanto por el Congreso como por la academia y organizaciones no gubernamentales, se evidencia que la clave está en lograr la máxima claridad al respecto. No puede perderse de vista que, por ser acuerdo internacional, una vez ratificado entra a ser parte del bloque de constitucionalidad. En ese orden de ideas, lo más prudente es que todas las dudas al respecto se resuelvan y si es necesario algún tipo de reglamentación adicional, que se sienten las bases de una vez por todas.
Por ejemplo, como lo han advertido varios gremios, es necesario evitar que se genere un ‘carrusel’ interminable de recursos y peticiones frente al desarrollo de proyectos que, finalmente, los mantenga frenados por largo tiempo, afectando no solo la capacidad del país para atraer inversión sino la misma seguridad jurídica que se requiere para apostar por obras de alto calado, obviamente mientras cumplan la exigente e indeclinable normatividad ambiental.
También debe darse una respuesta contundente e inapelable a quienes sostienen que la legislación colombiana ya contempla esos mecanismos de acceso a la información sobre los impactos ambientales y licenciamientos de las obras.

Obviamente, tras más de dos años de controversia alrededor del Acuerdo de Escazú es difícil entender por qué no se ha producido esa claridad sobre los verdaderos alcances del pacto. Está visto que es asunto de alta complejidad en donde el aparato institucional, gremial, medioambiental y ciudadano debe encontrar puntos objetivos de consenso que viabilicen su entrada en vigor, claro si esa es la voluntad del Congreso y luego de la respectiva revisión de exequibilidad que haga la Corte Constitucional.