Antes de que termine este mes el gobierno de Panamá dará respuesta a la solicitud de extradición que la Fiscalía colombiana le presentó en diciembre con relación a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, que goza de asilo territorial en la vecina nación desde noviembre de 2010, cuando salió intempestivamente de nuestro país pese a que era investigada por su presunta participación en los seguimientos y espionaje perpetrados desde el organismo de seguridad contra magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición.

Como lo hemos reiterado en estas páginas desde el mismo momento en que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli acogió a la ex funcionaria, no existe en el derecho público internacional, ni en las reglas que rigen universalmente el derecho de asilo, argumento objetivo alguno que pueda justificar cómo fue posible dar ese ámbito de protección a una persona que es investigada judicialmente por la comisión de delitos comunes y no políticos. Días atrás este Diario publicó los apartes más relevantes de la Convención sobre Asilo Territorial, texto signado por todos los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). El artículo IV afirma taxativamente que “la extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”. En el caso de Hurtado, sindicada por la Fiscalía de incurrir en concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y prevaricato por acción, es claro que no está siendo perseguida por “sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos”, como lo advierte la Convención aludida al referirse a cuando es viable el asilo territorial, y por lo tanto su entrega a las autoridades colombianas debe autorizarse a la menor brevedad. Por más que desde algunas instancias radicales del uribismo pretendan, sin sustento real alguno, ahora calificar la judicialización de altos funcionarios del anterior gobierno como “persecución política”, lo cierto es que el acervo probatorio de los ilícitos cometidos por algunos de ellos está sustentado en confesiones, pruebas testimoniales y documentales y hasta en condenas ya en firme.

El gobierno Martinelli, al que el polémico asilo a la ex directora del DAS ya le ha causado más de una polémica interna e incluso el asunto salió a relucir en la agria pelea entre el Presidente y su Vicepresidente, debe evaluar objetivamente el expediente judicial y actuar en concordancia. Negar la extradición implicaría que el Estado panameño, que se ha manifestado siempre como respetuoso de la institucionalidad de nuestro país, considera que la Justicia en Colombia está politizada y parcializada, con todas las implicaciones internacionales que ello tiene. Por ejemplo, bien cabría preguntarse: ¿Si Panamá considera que la Justicia colombiana no es transparente, no debería entonces denunciar al país ante el pleno de la OEA y pedir que le aplique la Carta Democrática, pues sería obvio que el régimen institucional estaría roto al perderse la independencia de los poderes?

Martinelli debe analizar la situación con cabeza fría. Incluso, se sabe que instancias de juristas de ambos países ya alistan demandas a ese Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo la tesis de que mantener el asilo estaría obstruyendo la Justicia y dando lugar a la impunidad en un proceso que comporta la comisión de delitos graves. Es palmario que si el asilo territorial a Hurtado se mantiene, Panamá se podría convertir en poco tiempo en receptáculo de muchas personas investigadas judicialmente que, alegando una presunta persecución política, huyan de su país en busca de una nación que les dé refugio y protección sin mayor problema.

Por ahora no queda más que esperar a que Panamá dé la respuesta a la solicitud de extradición y que, con base en ella, el Gobierno colombiano tome las medidas consecuentes.