Duro impacto del sobrecosto tarifario
Racionamiento de energía, un riesgo a neutralizar
El anuncio gubernamental en torno del aumento de tarifas de energía eléctrica a partir del próximo mes ha causado muchas controversias. Si bien es cierto que es necesario garantizar a toda costa el suministro de energía a hogares, industrias, comercios y todo el sector privado, más aún en medio de la difícil coyuntura derivada del fenómeno climático de El Niño, no pocos sectores del país han advertido que no debería descargarse sobre los usuarios una parte del costo de la generación de energía termoeléctrica, a la que es necesario acudir debido a que la cadena hidroeléctrica no alcanza a suplir la demanda en el país. Este aumento tarifario que se aplicará a partir de noviembre y se verá reflejado en las facturas de diciembre significa una carga adicional a todos los hogares, pero que obviamente pese a la ponderación y progresividad del aumento, lo sufrirán con mayor rigor las familias de clase media y baja cuya economía ya está de por sí muy ajustada.
Además de ello no se puede olvidar que esas mismas familias se están viendo expuestas a que las tarifas que pagan mensualmente por el servicio de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico están aumentando en este fin de año si sobrepasan los nuevos topes de consumo que fijó el Gobierno dentro de la campaña para forzar el uso racional del vital líquido y evitar, por esa vía, que más municipios entren en régimen de racionamiento como hoy ocurre en más de doscientas ochenta y cinco poblaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Minas, el aumento de las tarifas de energía se hace necesario debido a que el régimen de lluvias ha disminuido básicamente este año, al punto que entre agosto y octubre estuvieron apenas en un cuarenta por ciento de su promedio histórico. Ese bajo nivel de puvliosidad, a consecuencia de El Niño, sumado a la reducida capacidad de almacenamiento de agua en los embalses, y por ende al mayor uso de ésta para alimentar la cadena de generación hidroeléctrica, ha llevado a requerir una mayor generación térmica de energía. El problema está en que los generadores térmicos, que utilizan para sus plantas combustibles como diésel y gas, están produciendo energía a costos muy superiores a los que se tenían estimados tiempo atrás cuando se firmaron los contratos de suministro y para evitar que dejen de funcionar se hace necesario una fórmula financiera que permita que sigan en operación y se evite por esa vía que crezca el riesgo de un apagón, así sea parcial. Por ello el Gobierno decidió crear un esquema en donde las térmicas asumen dos terceras parte del sobrecosto de generación y el restante lo pagan, en primer lugar la nación y en menor medida el usuario. De allí que desde noviembre los hogares de estrato uno tendrán que pagar cuatrocientos pesos adicionales al mes y los de estrato seis tres mil en promedio. Precisa el ejecutivo que este esfuerzo de los hogares es necesario bajo la tesis de que siempre es más costoso exponer al país al riesgo de un racionamiento.
La medida, sin embargo, ha generado muchas críticas, que van desde quienes opinan que no les corresponde a los usuarios lanzarles ese salvavidas financiero a las térmoeléctricas, sobre todo si desde hace muchos años se viene pagando en la factura mensual un “cargo por confiabilidad” cuyo fin es precisamente promover la expansión y solidez del sistema de generación energético del país. Incluso hay expertos que sostienen que por este concepto los colombianos han pagado en la última década más de ocho mil millones de dólares, recursos que debieron ser invertidos no solo en el fortalecimiento de las térmicas, sino en la creación de un fondo de reserva para ser utilizado específicamente en las épocas de ‘vacas flacas’ como la actual.
Aunque los cálculos son muy variables entre el Gobierno y otros sectores, lo cierto es que los sobrecostos tarifarios le significarían a todos los colombianos no menos de doscientos setenta mil millones de pesos mensuales, un monto que dadas las condiciones de una economía que se está desacelerando, es muy difícil de descargar, sobre todo a empresas, comercios, industrias y hogares que ya soportan estrechez en sus gastos e inversiones. Tampoco faltan quienes advierten que estamos ante una evidente falencia en materia de regulación del sector energético que viene de mucho tiempo atrás pero que ahora, ante la emergencia derivada del fenómeno climático terminó por hacer crisis y los platos rotos los terminará pagando, en parte, la ciudadanía, en lo que algunos catalogan como la socialización de las pérdidas.