varias veces hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el exvicefiscal y actual defensor del Pueblo, Jorge Otálora; desde que asumió el cargo su preocupación lacerante ha sido la de denunciar y mostrar los peligros que encierra para la sociedad el deterioro carcelario. Los problemas de hacinamiento, de violencia, de degradación humana y toda suerte de violaciones a los derechos humanos se multiplican en esos lugares, conocidos entre el pueblo como infernales, por lo que algunas personas piensan que lo malo que ocurre allí no les incumbe, ni importa. Sencillamente cuantos han infringido la ley o siendo inocentes, por mala suerte van a parar a los centros de reclusión, deben sufrir las consecuencias. Incluso, algún abogado declaraba no hace mucho que en esos antros no se encuentran inocentes, que no existe la causalidad, que todo el que va a parar allí paga su culpa, la propia o la ajena. Así que bajo ese criterio fatalista se debe dejar a su suerte a todos sin distinción. No faltan los más extremistas que sostienen que de incendiarse esos centros con cuantos están allí a la espera de un juicio justo, condenados o trabajan en el sector oficial en tareas de vigilancia o burocráticas, así como por cualesquier fortuita circunstancia, deberían caer achicharrados. Para estos no existe la psicología, ni la redención cristiana, no cuenta la capacidad del ser humano de rendir cuentas, arrepentirse y reivindicarse con la sociedad.

Y en otro extremo están los más ignorantes, que no parecen enterados del desbordamiento carcelario, ni de las fallas de la justicia, ni los errores en la investigación, ni la razón de ser de las penas, ni la posibilidad de salir del infierno que se ofrece a los que por alguna razón se encuentran recluidos. No faltan quienes hacen política presentando proyectos de penas de prisión o cadena perpetua, con la idea de que esa es la mejor forma de disuadir a los delincuentes y de hacer que paguen sus culpas. Y los que no conocen el sistema y por tanto creen que existe una justicia igualitaria en Colombia. Por lo que se sorprenden cuando descubren que en el sistema penal acusatorio los que carecen de una bolsa repleta de billetes bien o mal habidos, no tienen muchas posibilidades de un juicio justo. Mientras que un acusado con dinero e influencia puede contratar un abogado famoso y competente, que en caso de enredarse el juicio esté en capacidad de solicitar testigos, movilizarlos, pedir toda suerte de pruebas o aporte técnicos en el país o en el exterior. En tanto la persona del común sin dinero, sin influencias, sin capacidad de urdir la defensa o explicar lo inexplicable, está condenada a ser “defendida” por un profesional que lo hace mecánicamente, que no le importa el caso, que rara vez lo estudia y que no es raro que deje vencer los términos en contra de su “defendido”. Esa es una trama dramática que se repite una y otro vez. Sin contar que en el sistema acusatorio, no pocas de esas personas que se ven atrapadas por ser inocentes y no tener capacidad de demostrarlo,  en algunos casos ominosos y tristes, son aconsejadas por su defensor y por la contraparte, para que se resignen a su situación y negocien con la justicia una pena corta declarándose culpables, a cambio de unos pesos para sobrevivir en prisión.

Las denuncias del defensor, Jorge Otálora, han tenido eco en el país. Por fin, la sociedad principia a darse cuenta de que algo anda mal en la justicia y muy mal en las prisiones. Trasciende al público que existe un atraso judicial en algunas cortes y despachos, monumental. Que la idea inicial en el sentido de que la  Fiscalía acabaría con el atraso judicial secular, con la denegación de justicia, en la práctica no se cumple. En las fiscalías, en los juzgados, en las cortes, en todos los entes de la rama el atraso es evidente. Mientras la Presidenta de la Corte Suprema viaja en gratos cruceros por el Caribe o se dirige a Europa, a lo que tiene derecho en temporada de vacaciones, se supone que sus magistrados auxiliares hacen lo suyo. Lo mismo pasa en otros entes judiciales, donde las cabezas no dan ejemplo de austeridad. Al magistrado acucioso se le solicita que no trabaje más de la cuenta, para no hacer quedar mal a sus colegas. Así como se ha convertido en una papa caliente para la justicia que ellos mismos manejen los recursos del ramo. Recursos multimillonarios que no alcanzan, ni alcanzarán nunca en tanto crece la burocracia. Existe un círculo vicioso, los males se dejan crecer en el ámbito carcelario para pedir más recursos, que no siempre se emplean con sabiduría y acierto. Al final se hacen reformas a la topa tolondra. Mientras, las prisiones se transforman en bombas de tiempo, que van a estallar en cualquier momento. Y dejan sola a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio, cuando intenta soluciones de fondo.