* Se avecina largo proceso jurídico
* Un asunto de Estado a todo nivel
Prudencia. Esa es la palabra que debe marcar todo el proceso que se abre para Colombia ahora que se confirmó por parte del gobierno Santos el hallazgo en aguas de nuestro mar Caribe de los restos de la Nave Capitana Galeón San José, un navío español que fue hundido en 1708 frente a las islas del Rosario en medio de una batalla con los ingleses. Los datos de la época señalan que el galeón viajaba con más de 11 millones de monedas de oro, así como decenas de toneladas de lingotes del precioso metal, esmeraldas, plata y otras joyas. La carga del San José ha sido considerada como uno de los tesoros perdidos más valiosos de los últimos siglos en todo el planeta, a tal punto que hoy algunos cálculos, obviamente hipotéticos, señalan que podría tasarse en no menos de 10 o 12 mil millones de dólares, claro en caso de poderse rescatar en su mayor parte, puesto que en esta clase de naufragios los restos pueden haberse dispersado por una amplia zona debido al paso de tanto tiempo, las corrientes marinas e incluso huracanes o movimientos sísmicos. De allí, en primer lugar, lo que la opinión pública colombiana debe tener en cuenta es que hasta el momento lo que existe es la certeza de que los restos encontrados por una misión de expertos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con la colaboración de la Armada Nacional y científicos internacionales, corresponden, precisamente, al galeón. Las fotos distribuidas oficialmente por el Gobierno así lo comprueban. En buena hora por el talento colombiano.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que se avecina una batalla jurídica de grandes proporciones, en especial con la empresanorteamericana Sea Search Armada (SSA), que en 1982 denunciara el presunto hallazgo del Galeón, algo que jamás se comprobó con certeza, y a la que Colombia le ha ganado ya varios pleitos tanto en Estados Unidos como ante la justicia nacional. Sin embargo, es seguro que ahora emprenderá nuevos procesos. De igual manera está la posición de España que en las últimas décadas ha reclamado como propios todos los tesoros que se transportaban en la época colonial en barcos militares de su país, sin importar que estos hayan sido hundidos en batallas navales o naufragado en aguas caribeñas americanas. Ya ayer, precisamente, se conoció que el gobierno ibérico había pedido información a Colombia sobre el anuncio del galeón San José, con miras a definir sus actuaciones. Ya hubo años atrás un antecedente con respecto a un tesoro rescatado de un barco de guerra español hundido en aguas de Gibraltar en 1804, que tras un largo proceso jurídico contra una firma cazatesoros en tribunales de Estados Unidos fue devuelto al estado ibérico.
Así pues, Colombia debe alistarse en el caso del San José a una batalla jurídica de grandes proporciones, pues es claro que aquí no está en juego sólo el patrimonio histórico y de especies náufragas de nuestro país, sino una cantidad considerable de recursos que, hay que ser claros, pertenecen al presupuesto de la Nación. Bien hace el Gobierno al considerar todo lo relacionado con este hallazgo y los procesos por venir para su rescate, clasificación y destino final como un Asunto de Estado, que debe ser manejado con total reserva, prudencia y, sobre todo, con un blindaje jurídico al más alto nivel, contratando si es el caso a los juristas internacionales más prestigiosos que se pueda. Igual, dado el avance de la tecnología en la búsqueda y rescate de naufragios y la gran cantidad de firmas y aventureros cazatesoros que existen en todo el mundo, la zona en donde se encontraron los restos, que afortunadamente se mantiene en secreto, debe ser resguardada minuto a minuto por la Armada Nacional y todos los equipos humanos y técnicos que sean necesarios.
Afortunadamente Colombia ya cuenta con la Ley de protección al Patrimonio Sumergido, aprobada en 2013, norma que ha pasado ya todo el filtro de la Corte Constitucional, que ha confirmado su exequibilidad ante las demandas presentadas contra la misma y su decreto reglamentario. Dicha legislación establece claramente cómo proceder en esta clase de hallazgos, la clasificación de lo encontrado según se trate de patrimonio histórico o piezas que se pueden comercializar.
Así las cosas, antes de que se comience, como ya pareció ocurrir este fin de semana, la intempestiva puja por cómo repartir el tesoro del San José, el país debe entender que los 307 años que lleva sumergido no se acabaron ya, automáticamente. En realidad el paso del hallazgo es histórico, impresionante, pero aún falta un tramo de tiempo más para saber qué se puede rescatar, qué es patrimonio histórico de la Nación y qué, efectivamente, podría ser vendido. Vamos con calma, con prudencia.