Una polémica de nunca acabar

La responsabilidad partidista

No se sabe qué termina siendo lo más desgastante: si el alud de polémicas que se presenta cada vez que se acerca una cita en las urnas y los partidos y movimientos empiezan a definir a cuáles candidatos darán su respaldo, o las promesas que, tras las controversias, se hacen desde las propias colectividades, el Congreso y otras entidades oficiales en torno a que será la última vez que se presente esa clase de problemas porque para las próximas elecciones estará en vigencia una reforma que garantizará la total transparencia y responsabilidad en la definición de los avales.

Al final de cuentas, la mayoría de los aspirantes cuestionados termina recibiendo los respaldos, se suceden los comicios, algunos logran los cargos que buscaban y una parte de éstos termina en líos penales, disciplinarios o fiscales derivados de los mismos hechos que se habían advertido desde el momento en que comenzó la controversia por la adjudicación de los avales. Es una historia que se repite comicios tras comicios, sin que hasta ahora las reformas constitucionales, legales, como tampoco las reglamentaciones de las autoridades electorales y menos los ajustes estatutarios internos de los partidos y movimientos políticos hayan podido encontrar una fórmula que acabe de una vez por todas con este problema, que no sólo afecta la credibilidad del sistema democrático sino que impide una verdadera depuración dirigencial.

Estando ya a punto de entrar en la recta final de los comicios regionales y locales que, en octubre próximo, deben señalar a los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, el lío de los avales está en su punto máximo. En varias colectividades las controversias están a la orden del día, hay choques entre directorios nacionales y regionales, y hasta se han suscitado renuncias de directivas y amenazas de división y escisión si se llega a respaldar a tal o cual aspirante. Van y vienen denuncias y acusaciones sobre apoyos a candidatos con pasado cuestionable o familiares que han tenido líos legales muy graves. También se percibe una ‘guerra sucia’ de muy alta intensidad, en donde se utilizan las redes sociales y otros medios para verter versiones anónimas sobre presuntas anomalías en la asignación de los apoyos partidistas, que van desde supuestos sobornos hasta compromisos por debajo de la mesa en la que los candidatos en ciernes estarían comprometiendo ‘tajadas’ presupuestales y burocráticas a cambio de recibir los respectivos avales.

A todo ello, las directivas de las colectividades y partidos cuestionados responden que no se puede violar el principio de presunción de inocencia y que mientras los respectivos aspirantes presenten los documentos que exige la ley y los estatutos internos, no se tiene por qué negar el amparo a esas candidaturas.  Alegan, por igual, que todos los partidos y movimientos son conscientes de las sanciones que se les impondrían si el avalado resulta emproblemado penal, disciplinaria o fiscalmente. Sin embargo, como si fuera una especie de excusa precautelativa, sí se cuidan de señalar que los partidos políticos no son organismos de investigación ni poseen las herramientas para saber toda la trayectoria de una persona que se postule para representarlos en cargos uninominales o cuerpos colegiados. Y, por último, sostienen que muchas de las polémicas que se forman no tienen piso jurídico real, sino que hacen parte de la controversia proselitista normal y la ‘guerra sucia’ de los rivales…

Desde su orilla, las autoridades electorales no pueden hacer más que reiterar que la normatividad sancionatoria a los partidos por avalar candidatos que estén o resulten sub júdice es muy clara y drástica. También advierten que las colectividades están en la obligación de revisar al detalle los antecedentes de los aspirantes que terminan respaldando y que, en ese orden de ideas, será estrecho el margen para aceptar exculpaciones a posteriori.  

Como se ve, el lío de los avales es como una de esas películas viejas que se repite a cada tanto en la programación televisiva. Ya en las recientes semanas se han escuchado voces de congresistas indicando que en la próxima legislatura van a presentar sendas reformas políticas para extremar las responsabilidades de los partidos y movimientos en materia de respaldos a candidatos. Incluso se ha hablado de agravar las sanciones hasta el punto de poner en peligro la propia personería jurídica. Sin embargo, es muy posible que, como ha ocurrido tantas otras veces, en esta ocasión tampoco se pase de las promesas y en pocos meses veamos a más de uno de esos aspirantes cuestionados y elegidos, desfilando por los despachos judiciales, como estaba advertido desde tiempo atrás. Gajes de la política colombiana.