Que los bienes muebles e inmuebles que el Estado ha decomisado a los narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y otros actores delincuenciales suman una fortuna, nadie lo niega. Como tampoco el hecho cierto de que hay mucho trecho por recorrer desde el momento en que las autoridades hacen un operativo de incautación hasta la fecha en que termina el proceso de extinción de dominio y la propiedad pasa a ser del Estado.

Igual no es sorpresa para la ciudadanía que a lo largo de las tres últimas décadas a la Nación le ha resultado un verdadero dolor de cabeza poder administrar con eficiencia los miles de bienes de origen ilícito que son apropiados por las autoridades. La última evidencia de esa impotencia se dio con la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, tras descubrirse un escándalo en el que se entrelazaban desde tráfico de influencias, mafias enquistadas en la entidad que desaparecían las propiedades incautadas, hasta un desorden y desgreño administrativo que hacía imposible saber cuántas eran las propiedades decomisadas y cuál su valor exacto…

Sin embargo, pese a esa cadena de anomalías estructurales y coyunturales que le han impedido al Estado un manejo ordenado de los bienes decomisados y de los que ya se les ha extinguido su dominio y pasaron a ser de la Nación, es claro que hay allí una fuente de recursos multimillonaria. Fuente que años atrás se utilizaba para financiar desde el funcionamiento de la Rama Judicial hasta la construcción de cárceles.

No obstante a medida que el Estado colombiano decidió elevar el perfil de las víctimas de la violencia y enfocar la labor institucional a buscar mecanismos para su reparación, los presupuestos derivados de la enajenación de los narco-bienes y otras propiedades de origen ilícito se han venido destinando preferencialmente a compensar a los afectados por situaciones de conflicto armado.

En el gobierno Uribe se empezó con el programa de reparación administrativa de víctimas y ya en el mandato Santos la normatividad se elevó de estatus al proferirse la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras.

En ambos casos la principal fuente de recursos ha sido el propio capital de los ilegales. De un lado, por la vía de que los grupos ilegales que se desmovilicen entreguen bienes para reparar a sus víctimas. Aquí es poco lo que se ha logrado avanzar, pues, por ejemplo, en el caso de los grupos paramilitares desactivados en el anterior gobierno, el monto de las propiedades que devolvieron fue muy bajo. Y la otra vía es la tradicional, es decir, la venta de los bienes que después de un proceso de extinción de dominio pasan a titularidad estatal. En este campo los dineros han fluido de mejor manera, pero el cuello de botella continúa siendo el largo tiempo que tardan esas causas judiciales.

Es aquí en donde entra el proyecto de ley que la Fiscalía radicó en el Congreso y que ha venido avanzando muy lento, pese a que, se supone, produciría un revolcón en los procesos jurídicos así como en la administración y venta anticipada de lo incautado. El Gobierno, a través de la Unidad Nacional, debería priorizar esta iniciativa de forma tal que se convierta en ley antes de que termine la legislatura.