* Un flagelo que se extiende peligrosamente
* Cárceles, el principal nicho de este delito
En medio del pico de criminalidad en el país uno de los delitos de mayor incidencia es el de la extorsión. No pocas ciudades y municipios se encuentran azotados por este flagelo y un modus operandi que, a punta de amenazas, atentados y homicidios, exige diariamente ‘cuotas’ monetarias a industriales, comerciantes, empresas, conductores, tenderos, empleados, agricultores, vendedores ambulantes, humildes campesinos, moradores de barrios e incluso a personas dedicadas a la mendicidad...
Los expertos en seguridad urbana y rural advierten que la extorsión se convirtió en uno de los crímenes más rentables para la delincuencia común y organizada, incluso por encima del narcotráfico y la minería ilegal. Algunas investigaciones evidencian que los cabecillas de estas estructuras tienen ingresos ilícitos diarios por decenas o incluso centenares de millones. Eso explica las cruentas guerras entre facciones de extorsionistas por el ‘dominio territorial’, incluyendo muchos de los ataques sicariales del último año, no solo en la costa Caribe, sino en otras regiones del país.
La ciudadanía, el empresariado y los comerciantes se encuentran desesperados por esta grave situación, a tal punto que en algunas capitales y poblaciones de menor tamaño se está registrando un cierre permanente de negocios o la suspensión de actividades económicas, ya que muchas víctimas no pueden cumplir con las exigencias de dinero o temen ser blanco de los violentos delincuentes.
Ayer la propia Procuraduría General, ante el incremento de la extorsión desde las cárceles, instó a los ministerios de Justicia y de las TIC, así como al Inpec y Gaula, entre otras entidades, a activar mecanismos que permitan reducir este delito, que en muchas ocasiones se presenta a través de llamadas extorsivas hechas desde centros penitenciarios.
Aunque el Ministerio Público señaló no menos de 3.130 víctimas en los últimos meses, las estadísticas del Ministerio de Defensa señalan que mientras el año pasado se reportaron 9.791 casos de extorsión, en el primer semestre de 2023 ya son 5.259. Sin embargo, hay que dejar claro que el subregistro en este delito es muy alto, pues muchas personas prefieren pagar, abandonar su actividad productiva o incluso mudarse antes que denunciar ante las autoridades por miedo a ser blanco de represalias contra su persona, familiares o bienes.
Días atrás este Diario habló con el director encargado de la división Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía, quien explicó toda la estrategia que se viene desarrollando para enfrentar este flagelo, a partir de una fuerza especializada de 1.200 agentes, en coordinación con 70 fiscales y tecnología de punta. Precisamente, por ello en la primera mitad de este año fueron capturadas más de 1.200 personas. Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Norte de Santander, Chocó, Meta y Bolívar son hasta el momento los departamentos más afectados.
Sin embargo, pese a esa ofensiva de las autoridades y de operaciones a gran escala, como las que se realizan en estos momentos en Barranquilla, es evidente que los extorsionistas continúan extendiendo su ámbito criminal y volumen de víctimas. “Ni la señora de los tintos se salva”, denuncian en algunas urbes.
De hecho, en la alerta lanzada por la Procuraduría se informó sobre una mesa de trabajo con la Fiscalía, Agencia del Espectro, Comisión Nacional de Regulación, Policía, Mintic y gremios de la telefonía celular. Allí se denunció algo muy grave: en la mayoría de los establecimientos carcelarios los inhibidores de señales telefónicas están fuera de servicio, lo que facilita el accionar de la criminalidad. También advirtió que los delincuentes ‘modernizan’ su modus operandi utilizando nuevas tecnologías, como las tarjetas E-sim y las plataformas financieras digitales para el traslado de recursos financieros productos de la extorsión.
Como se ve, la situación es bastante complicada. Resulta evidente que Gobierno, Fuerza Pública, Fiscalía, jueces y demás autoridades tienen que redoblar esfuerzos para enfrentar este desafío delincuencial. Deben aumentar los equipos de inteligencia para identificar todos los eslabones de estas estructuras y no solo a quien efectúa la amenaza o realiza el cobro ilegal. Urge, igualmente, que el Inpec y los citados ministerios respondan por qué no están funcionando los equipos inhibidores de llamadas en los penales. También se requiere una colaboración más decidida de las empresas de telefonía celular para rastrear este tipo de comunicaciones. Es vital, asimismo, que los capturados sean encarcelados y no queden en libertad condicional o casa por cárcel… Es obvio, que mientras la ciudadanía no perciba esa mayor eficiencia de las autoridades, difícilmente aumentará el porcentaje de denuncia, circunstancia que solo favorece a los delincuentes.