* Revelador Índice de Gobierno Abierto
* Muchas normas con pocos ‘dientes’
Muy preocupantes resultan las conclusiones del Índice de Gobierno Abierto (IGA) que la Procuraduría General presentó a los alcaldes y gobernadores entrantes. La medición evidencia que todas las entidades territoriales presentan altos índices de incumplimiento de las normas estratégicas en materia de anticorrupción. Dicho de otra forma, no hay departamento o municipio que tenga un nivel de cumplimiento normativo en cuanto a sistema anticorrupción equivalente a 100 por ciento.
Se trata, sin duda, de un campanazo muy sonoro, no sólo para los nuevos mandatarios regionales y locales, sino para los entes de control como la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Veedurías, Oficinas de Control Interno, Superintendencias y demás instancias encargadas de la vigilancia de lo público. Es más, hasta el propio Congreso, que meses atrás aprobó un nuevo y drástico Estatuto Anticorrupción, debería tomar nota de las conclusiones del IGA y establecer si es necesario expedir otras leyes o reglamentaciones que obliguen a las administraciones departamentales y municipales a cumplir con todo el arsenal normativo puesto en vigencia para garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los bienes, recursos y funciones oficiales.
No en pocas ocasiones se ha advertido que la dificultad para derrotar el flagelo de la corrupción, que al Estado le significa perder alrededor de cuatro billones de pesos al año, no radica tanto en la ausencia de legislación para atacarlo, sino en la falta de diligencia de los funcionarios para aplicarla, así como de un mayor dinamismo de los entes de control para sancionar a quienes, por acción u omisión, causan detrimentos al erario, malgastan sus recursos o no cumplen a cabalidad las funciones encargadas.
Después de tantos esfuerzos de los últimos tiempos para atacar por todos los flancos los nichos de corrupción y desgreño administrativo que se han enquistado en despachos públicos del nivel nacional, departamental o municipal, sorprende e impacta que el IGA advierta que más de 64 por ciento de los contratos que deben estar publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) no cumple con este requisito. También llama la atención que 43 por ciento de las alcaldías no registraron el Plan de Compras. Hay más indicadores preocupantes; por ejemplo 66 por ciento de las administraciones departamentales y 80 por ciento de las municipales no reportaron información fiscal y financiera de manera completa, de calidad y oportuna a través del Formulario Único Territorial. Un dato más revelador, ahora que entra en vigencia el nuevo Sistema Nacional de Regalías: 76 por ciento de las gobernaciones y 77 por ciento de las alcaldías beneficiarias de estos recursos no reportaron información completa y de calidad sobre el manejo de los mismos. Y ahora que también está en marcha una reforma para depurar el sistema nacional de aseguramiento en salud, resulta clave saber que 26 por ciento de las alcaldías no reportó las bases del Sisbén, de acuerdo a los parámetros de calidad, oportunidad y adecuada operación. A ello se suma que 75 por ciento de las gobernaciones manifestó no haber presentado informe anual de gestión sobre el Plan de Desarrollo…
El problema aquí va más allá de establecer o señalar cuáles son los departamentos y municipios con mayor o menor grado de incumplimiento de las normas estratégicas en materia de anticorrupción. Ya está claro que ninguna administración seccional o local llenó todos los requisitos y mecanismos funcionales vigentes. Es allí en donde está lo más grave. Parecería obvio que si los gobernadores y alcaldes salientes no se preocuparon sustancialmente por salir lo mejor rankeados posible en el Índice de Gobierno Abierto (IGA), es porque las normas que lo sustentan no tienen los suficientes ‘dientes’ para convertirlo en una obligatoriedad, so pena de ser blanco de graves y drásticas sanciones. Es en este punto donde parece estar el flanco débil de este sistema. Incluso podría pensarse en una medida que lleve a que todo mandatario que se raje en el IGA sea suspendido precautelativamente. En ese marco, el esfuerzo por cumplir sería muy alto y comprometido.