* La pandemia condicionó su gestión
*Son más los pendientes que los logros
En seis días los alcaldes y gobernadores elegidos en octubre de 2019 y que se posesionaron el 1 de enero siguiente cumplen la primera mitad de sus mandatos. No ha sido nada fácil su gestión, puesto que cuando apenas cumplían tres meses en el cargo arrancó la emergencia por el covid-19 en Colombia, lo que obligó a los mandatarios departamentales y municipales a cambiar sus planes y volcar toda su capacidad administrativa, presupuestal y de ejecución en el plan de contingencia para enfrentar la crisis sanitaria. Ya se completan 21 meses de esta inédita coyuntura y dada la alerta creciente en el país por la expansión de la variante ómicron del coronavirus, bien puede concluirse que los ejecutivos departamentales y municipales arrancarán la segunda parte de su mandato en circunstancias muy similares.
Aunque las asambleas y concejos aprobaron los Planes de Desarrollo de sus respectivas jurisdicciones a lo largo de 2020, resulta evidente que la mayoría de los ejecutivos seccionales y locales no ha podido aplicar en toda su dimensión esas hojas de ruta que contienen muchas de las promesas de gobierno, programas y proyectos que abanderaron en campaña. Como bien lo indicara un gobernador meses atrás, muchos de los mandatarios departamentales y municipales se han tenido que limitar a la función de ‘bombero’ en medio de la crisis sanitaria, social y económica.
Pero no ha sido el único problema que ha marcado el accionar de gobernaciones y alcaldías en estos dos años. Hay otras circunstancias tanto o más desafiantes. Por ejemplo, el panorama fiscal es preocupante en la mayoría de los entes territoriales, ya que las cuarentenas, el consecuente desplome productivo y el aumento del desempleo, unidas esas circunstancias a los picos de inseguridad urbana, la escalada de violencia rural así como a los paros al cierre del primer semestre de este año, afectaron de forma sustancial el flujo de recursos a las arcas regionales y locales. Apenas en este segundo semestre, con el ritmo acelerado de la reactivación económica, el panorama empezó a mejorar. De hecho, en el entretanto, el presupuesto billonario de las regalías se ha convertido en una especie de ‘salvavidas’ -el único- para que los mandatarios tengan alguna posibilidad de inversión social en sus jurisdicciones. La tantas veces prometida reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) o la posibilidad de un nuevo régimen tributario territorial quedaron en el aire por cuenta del impacto pandémico.
Es claro, por igual, que el desempleo, la afectación de los ingresos de las familias y el aumento de la pobreza en general han limitado los esfuerzos en inversión social efectiva y de calado, empujando de paso los índices de inconformismo ciudadano con sus gobernantes. A ello se suma que, en parte derivado de la crisis sanitaria, hay un aumento de los delitos de alto impacto, en tanto que es palpable un reciclaje de la violencia armada en algunas regiones por cuenta de los enfrentamientos entre facciones de reincidencias y disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln y bandas criminales de alto espectro, tipo ‘Clan del Golfo’, cuyo telón de fondo no es otro que el pulso por el dominio del negocio del narcotráfico, minería ilegal y otras rentas ilícitas.
Si bien es cierto que hay un avance superlativo en la constitución de las Regiones Administrativas y de Planeación Especial (RAPE), es innegable que todavía faltan años para terminar de construir el aparato institucional que las haga más operativas y eficaces. Buena noticia resultó, de otro lado, la aprobación del nuevo Régimen Departamental o de la ley que crea la categoría de “ciudades capitales”.
En el plano típicamente político no se puede dejar de lado que al comienzo de este año se presentó un alud de movimientos para revocatoria del mandato a algunos gobernadores y muchos alcaldes, iniciativas que fracasaron en la mayoría de los casos. Tampoco pueden obviarse los cortocircuitos que se han presentado entre el Gobierno Nacional con algunos titulares departamentales y municipales por temas relacionados con el plan de acción contra la pandemia o la estrategia para enfrentar los paros y el agitado clima social del primer semestre. Es evidente que muchos de los picos de tensión entre las partes se deben también a que el Ejecutivo central tiene una orientación partidista, política y electoral distinta a la de algunos mandatarios de las principales capitales.
Como se ve, son más los pendientes que los logros alcanzados por los gobernadores y alcaldes al arribar a la mitad del periodo. Les ha tocado, como a la Casa de Nariño, enfrentar la crisis más grave de los últimos tiempos y en esa difícil tarea han podido mantenerse a flote, aunque con una dependencia cada vez mayor, directa o indirecta, del Ejecutivo central.