Un poco más de tres meses es lo que les resta de mandato a los gobernadores y alcaldes. Ya la mayoría preparan sus respectivos cierre y rendiciones de cuentas, a sabiendas de que una vez pasen las elecciones regionales y locales del próximo 29 de octubre, esas ocho semanas se dedicarán en gran parte a los respectivos empalmes con sus sucesores, así como a gestiones de última hora, luego de cuatro meses de vigencia de las limitaciones de la Ley de Garantías Electorales.

Aunque muchos de los salientes titulares departamentales y municipales se enfocarán en mostrar y dimensionar lo que lograron hacer en este cuatrienio gubernamental que estuvo marcado en gran parte por la crisis pandémica, hay otros cortes de cuenta que se pueden adelantar, específicamente frente a una serie de temas de alto calado que al comienzo de los periodos se consideraban urgentes, pero sobre los que poco o nada se terminó avanzando.

Por ejemplo, termina otro mandato de los ejecutivos y legislativos territoriales sin que se haya podido concretar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el mecanismo mediante el cual se determinan los traslados presupuestales desde el Gobierno Nacional Central a las gobernaciones y las alcaldías con miras a sufragar una serie de productos, bienes y servicios a su cargo.

Otro de los grandes temas que quedaron pendientes en la agenda regional y local es el relativo a la tantas veces prometida y analizada reforma tributaria territorial. Si bien fue insistente la solicitud de los titulares del poder territorial al respecto ni el anterior gobierno nacional o el actual tomaron medidas concretas, pese a reconocer que la crisis pandémica y las variables económicas han llevado a que las estructuras de recaudo de impuestos, contribuciones e ingresos por otras fuentes en departamentos y municipios requiere una modernización.

No menos grave termina siendo que a tres meses de culminar los mandatos de los elegidos en octubre de 2019 y posesionados el 1 de enero de 2020, continúe alrededor de la responsabilidad de estos y el Ejecutivo nacional en la construcción de cárceles y la disminución del alto número de sindicados que permanece hacinado en las estaciones de Policía.

Por último, pero no menos importante, está lo relativo al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tantos dolores de cabeza ha generado a los mandatarios regionales, al punto que pidieron insistente y fallidamente que fuera asumido por una entidad del orden nacional.