• Centenares de candidaturas continúan en vilo
• Vicio democrático e incertidumbre ciudadana

A siete semanas de las urnas para escoger a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que se posesionarán el 1 de enero de 2024, el panorama de la campaña es muy complejo. No solo por el creciente clima de violencia e inseguridad que rodea la contienda proselitista, sino porque faltando tan poco para la cita en las urnas continúan en vilo centenares de aspiraciones, incluso a administraciones departamentales y de ciudades capitales, lo que genera una obvia incertidumbre entre la ciudadanía que no entiende cómo a estas alturas no hay claridad meridiana sobre la viabilidad de esas candidaturas.

De hecho, el primer campanazo lo dio en la última semana de agosto la Procuraduría General cuando indicó que de 128.208 candidatos, no menos de 676 registraban información relacionada con inhabilidades para desempeñar el cargo para el cual se inscribieron. Según el ente de control disciplinario, 14 aspirantes a alcaldías, 19 a asambleas, 560 a cabildos municipales y tres a gobernación podrían estar impedidos.

La semana pasada el Consejo Nacional Electoral inició las audiencias para dar respuesta a no menos de 3.500 solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos.

Agotándose de forma tan rápida la cuenta regresiva para los comicios del 29 de octubre, es imperativo que el alto tribunal aclare si esos aspirantes pueden seguir o no en competición. Incluso está el caso de dos excandidatos presidenciales cuyas aspiraciones a cargos regionales han sido puestas en duda, en tanto siguen en vilo las de dos aspirantes que marchan en la parte alta de la puja por la alcaldía de Bogotá.

No es un tema menor. Por el contrario, se ha desatado una especie de ‘guerra sucia’ en el hervidero de las redes sociales en donde circulan informaciones falsas dando cuenta de candidatos presuntamente inhabilitados pese a no tener objeción alguna. Es un hecho por demás preocupante pues en algunos casos los aspirantes mencionados están liderando encuestas o peleando por la punta de las mismas.

Aunque el calendario electoral está fijado desde el año pasado y los tiempos se han venido cumpliendo adecuadamente, resulta innegable que no le hace bien a la transparencia democrática que faltando solo siete semanas para las urnas haya dudas sobre quiénes pueden aspirar y quiénes no. Se pensaría que existiendo sanciones de por medio a los partidos y movimientos significativos de ciudadanos que avalen candidaturas inviables desde el punto de vista del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, este tipo de falencias que confunden e incluso engañan al elector estaban superadas de forma definitiva. A la luz de lo denunciado, ello no es así.  

Una vez más queda en evidencia la necesidad de una reforma integral a la legislación electoral. Si bien es cierto que a mediados de este año el Congreso dio luz verde a un ajuste parcial, que no aplica para estas elecciones ya que se encuentra bajo control previo de la Corte Constitucional, es claro que dicho proyecto se dirige más a los aspectos reglamentarios que estructurales del sistema.

La modernización tecnológica, un nuevo empujón al voto electrónico, el aumento del horario de votación, más reglas sobre avales, depuración del censo de electores, la propiedad del software que se utiliza para el conteo y transmisión de datos, así como mayor autonomía al CNE hacen parte de la norma que está en examen de exequibilidad.

Sin embargo, hay varios asuntos clave pendientes, sobre todo en cuanto a descargar mayores responsabilidades en las colectividades y movimientos políticos a la hora de otorgar los avales. De hecho, frente a lo que está ocurriendo con esos centenares de candidatos que todavía están pendientes de que el CNE se pronuncie sobre la validez de su inscripción, algunos expertos advierten que sería necesario presentar otro proyecto para hacer más funcional todo el proceso, de forma tal que al momento de otorgar el respectivo respaldo partidista ya se hayan realizado todas las verificaciones en cuanto a la inexistencia de impedimentos.

La organización electoral y las autoridades, faltando tan poco tiempo para las urnas, debían estar concentradas en otros asuntos más urgentes, como disminuir la violencia política y redoblar la vigilancia a la financiación de las campañas, detectar posibles casos de trashumancia, alertar sobre compra de votos y otros delitos contra el sufragio.

La democracia requiere la máxima transparencia para mantener su legitimidad y credibilidad. Lo ocurrido en estas semanas con esas candidaturas inciertas va en contravía de esas premisas y es un vicio inocultable.