* Limitaciones de la industria farmacéutica
* El problema de patentes y propiedad intelectual
La oferta de vacunas contra el covid-19 a nivel mundial se encuentra restringida. Ese no es ningún secreto, como tampoco que no menos del 90 por ciento de los biológicos producidos por parte de los laboratorios farmacéuticos aprobados se han aplicado en quince 15 naciones, mientras que otras pocas están hasta ahora iniciando sus operativos de inmunización.
Presionadas por las legislaciones nacionales en los países en donde están sus principales plantas y así como por amenazas de demandas millonarias de gobiernos por la demora en la entrega de los lotes de dosis a que se comprometieron contractualmente, las principales multinacionales farmacéuticas han implementado distintas alternativas para poder aumentar su producción de biológicos. Alternativas que han ido desde duplicar la capacidad de sus fábricas y sucursales, hasta contratar a firmas competidoras para que produzcan sus vacunas e incluso activar acuerdos con laboratorios nacionales en Latinoamérica, Asia, Europa y otras latitudes con el mismo fin. México, Brasil y Argentina, para hablar de nuestro subcontinente, ya lo están haciendo.
¿Y Colombia? Si bien el presidente Iván Duque pidió la semana pasada a la industria de los medicamentos nacional que se aliste para producir vacunas contra el coronavirus, la realidad es que es un proceso bastante complejo. De un lado, porque los cambios en las políticas farmacéuticas en las últimas décadas llevaron a que en nuestro país se dejara de producir esta clase de biológicos y se apostara por importar la mayoría. En segundo término, como bien lo indicara uno de los voceros de estos gremios esta semana, no se cuenta en el país con la infraestructura de línea de producción necesaria para abocar este proceso, debido a que se trata de desarrollos recientes y la transferencia de tecnología y conocimiento demoraría. A lo sumo se podría participar en la etapa final, es decir en el empaque, etiquetado y distribución de los biológicos, pero no en su producción como tal. Teniendo en cuenta los cronogramas de entrega de vacunas a Colombia por parte de los cinco laboratorios internacionales con los que ya se firmaron los respectivos contratos, habría que revisar si tendría utilidad el modelo propuesto.
Ahora bien, también hay un asunto de fondo en la posibilidad de que Colombia pueda producir vacunas: los estrictos marcos de respecto a los derechos de patentes y propiedad intelectual, que en el sector farmacéutico son particularmente elásticos en virtud de los medicamentos genéricos. Aunque debido a la dimensión de la pandemia hay una cruzada global ante las organizaciones mundiales de la Salud y el Comercio para que las fórmulas y principios activos de las vacunas se hagan públicas y se autorice su producción libre en todos los países, esa petición no ha progresado.
Colombia, a su turno, ha tenido en el pasado conflictos y debates alrededor de los derechos de patente y propiedad intelectual de los medicamentos, especialmente por una legislación que avala la producción de drogas genéricas. Esta fue una de las discusiones más complejas durante las negociaciones de tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa así como en el largo proceso de ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En todos ellos el Estado se comprometió a avanzar en la protección a los licenciamientos y patentes, acorde a los lineamientos de la OMC y la Declaración de Doha.
En el marco de la emergencia sanitaria, Colombia, como muchos otros países, flexibilizaron sus legislaciones internas para facilitar el acceso a los medicamentos y tratamientos para enfrentar el covid-19. Incluso mediante el decreto 417 de 2020 se declararon de “interés en salud pública” los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías derivadas. Sin embargo, en modo alguno allí se pueden violar las restricciones sobre patentes y propiedad intelectual. Aunque algunos expertos han señalado que la legislación nacional permitiría acudir a figuras como las de licencias obligatorias para importaciones paralelas o la aplicación del derecho a la libre competencia, no es un mecanismo fácil y tendría que motivarse muy sólidamente la presunta infracción del titular de las patentes afectadas.
Así las cosas, lo que queda claro es que el país debe generar una política marco farmacéutica moderna y eficiente, que le permita volver a producir vacunas a mediano plazo. Por el momento no es una salida rápida para la coyuntura sanitaria y un acceso más efectivo a los biológicos contra el covid-19. Esa es la realidad. Ojalá el país se ponga a tono para que emergencias como estas puedan tramitarse con una legislación adecuada en el tema y precios asequibles.