* ¡Este delito creció 47% en ocho meses!

* ¿Qué responde el Estado en su conjunto?

Mientras que todos los ojos del país están concentrados en la crisis de seguridad y orden público en distintos departamentos, siendo Cauca y Arauca los que presentan una situación más complicada, hay otros escenarios en donde también están prendidas las alarmas.

Por ejemplo, en medio del pico de delitos de alto impacto en muchas ciudades y municipios de distinto tamaño, cada día son más recurrentes los casos de la mal llamada ‘justicia por mano propia’. Es decir, aquellas situaciones en donde las víctimas de robos, agresiones y otro tipo de acciones criminales logran reaccionar contra los delincuentes, no con el ánimo de neutralizarlos y entregarlos a las autoridades, sino para golpearlos o incluso lincharlos, causándoles graves heridas y hasta la muerte.

Pero hay más flancos de preocupación. Uno de ellos, sin duda alguna, el aumento dramático de los delitos de violencia intrafamiliar en Colombia. Según el reporte del Ministerio de Defensa, en los primeros ocho meses de este año se denunciaron 107.180 agresiones que, a la luz de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), se tipifican como tal, por constituir acciones de maltrato físico, psíquico o sexual al interior del núcleo familiar.

La cifra es alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado entre enero y agosto las autoridades tuvieron conocimiento de 72.901 casos. Esto significa, entonces, que estamos ante un incremento del 47% en delitos de violencia intrafamiliar.

Otro dato más impactante: en todo el 2023 se presentaron 119.478 casos. En este 2024, en apenas ocho meses, ya prácticamente se igualó esa incidencia. Y de seguir a este ritmo, muy seguramente se va rumbo a marcar un deshonroso récord en este delito, muy por encima del más alto en la última década: las 128.336 agresiones intrafamiliares de 2021.

Es imperativo que el Gobierno nacional, los entes de control, así como la sociedad en general entren a analizar con sentido de urgencia a qué se debe este pico de agresiones entre padres, hijos, cónyuges y otras personas integrantes del núcleo básico de la organización poblacional.

El incremento del 47% en cualquier delito debe ser motivo prioritario para poner bajo la lupa la eficiencia del accionar de las autoridades, así como la Política Criminal del Estado. Debe establecerse de manera objetiva y concreta qué está pasando con la legislación y las demás instancias preventivas y sancionatorias de esta conducta.

Años atrás algunos expertos consideraban “predecible” el aumento de las denuncias. Esto bajo la tesis de que las víctimas estaban percibiendo una ley más eficaz, rápida y drástica para castigar a los infractores. No hay que olvidar que en las dos últimas décadas las penas por este delito se han agravado sustancialmente e incluso se restringió la posibilidad de que las víctimas pudieran desistir de sus señalamientos iniciales al victimario.

Sin embargo, hoy por hoy esa explicación no parece suficiente ni acertada. Por el contrario, pese a que hay una mayor socialización de las altas condenas por conductas agresivas contra padres, madres, hijos, hermanos, sobrinos, cuñados, tíos y demás familiares, este flagelo sigue disparándose año tras año. De hecho, desde 2016 prácticamente no se ha bajado de las 100.000 denuncias anuales. En ese orden de ideas, habría que concluir que el componente disuasivo de una ley penal cada día más drástica no se está cumpliendo. Algo similar a lo que ocurre con los feminicidios (que en muchas ocasiones tienen un nexo de causalidad directa con la violencia intrafamiliar): aunque las penas se agravaron incluso hasta los 60 años de prisión en los casos más cruentos, el índice de homicidios de mujeres por su condición de género continúa creciendo.

En momentos en que está en marcha una comisión intersectorial para una reforma a la justicia, esta alerta debería ser uno de los temas de más estudio y análisis. El Estado, en su conjunto, debe propender por establecer un marco institucional efectivo para hacer caer todo el peso de la ley a quienes atacan a sus familiares. Sobre todo, porque no hay que perder de vista que, si bien hoy las víctimas están denunciando más a sus agresores, también persiste un alto porcentaje de subregistro de estos casos, especialmente por la persistencia de patrones socioculturales anacrónicos en donde esta clase de conductas aún tienen un cierto −lesivo y claramente ilegal− margen de tolerancia personal, familiar y comunal.

Ministerio de Justicia, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Altas Cortes e Instituto de Bienestar Familiar están en mora de darle una respuesta al país sobre por qué no ha sido posible evitar que la violencia siga tomándose los ámbitos familiares, una circunstancia dramática que luego se refleja y dimensiona en todos los ámbitos individuales y colectivos. La conflictividad social, las riñas callejeras, los casos de intolerancia y la propensión a “hacer justicia por mano propia”, todos, tienen un precedente en los núcleos familiares. No hay que dudarlo.