La campaña para los comicios parlamentarios y presidenciales de 2026 arranca de manera oficial esta semana. De hecho, mañana la Registraduría Nacional lanzará el respectivo calendario en el que oficializa las fechas de las citas a las urnas, incluyendo lo relativo a plazos de inscripciones de candidatos, apertura y cierre del censo electoral, consultas internas o interpartidistas, inicio de las campañas publicitarias, veda a encuestas y la aplicación de la Ley de Garantías Electorales, entre muchos otros aspectos.

Obviamente, hay muchas alertas prendidas en torno a las reglas del juego para esta época proselitista. Caída, por segunda vez, la reforma al Código Electoral en la Corte Constitucional y hundidos todos los proyectos de reforma política en este Congreso, los ajustes a la normatividad sectorial que se habían prometido cuatro años atrás no se terminaron de concretar.

Por el momento la única posibilidad de ajuste legal tiene que ver con el proyecto de acto legislativo que permitiría el transfuguismo partidista para los comicios parlamentarios de marzo del próximo año. La iniciativa ya superó los primeros cuatro debates en el segundo semestre de 2024, pero solo a partir de mediados de este mes se podrá retomar su discusión en Senado y Cámara, en medio de un escenario político muy polarizado y con estrategias de distintas colectividades en franca contradicción.

De allí que persisten las alarmas en torno al débil esquema de vigilancia sobre la financiación de campañas, el riesgo de anomalías en la recolección de firmas para crear movimientos significativos de ciudadanos, los vacíos en la asignación de avales, el debate sobre el rango de participación efectiva de la mujer en política, las alertas sobre los presupuestos para la organización electoral, las polémicas en torno al software y el blindaje del sistema de transmisión de datos el día de las urnas…

Y, como si lo anterior fuera poco, la campaña arranca en medio de un complicado clima de inseguridad y desorden público que dificultará la actividad proselitista. A ello debe sumarse lo que pase con las decenas de procesos contra senadores y representantes a la Cámara que cursan en la Corte Suprema de Justicia, así como la inquietud que generan algunas posturas gubernamentales sobre los procesos electorales de 2026, que han prendido alertas entre los independientes y la oposición.