* Se multiplican alertas en todo el país
* Urge respuesta eficaz de Mindefensa
Las alarmas en torno al deterioro de la situación de seguridad y orden público en todo el país suenan cada día con mayor intensidad. Semana tras semana se advierte desde instancias del orden nacional, regional y local del peligroso incremento del accionar de los grupos armados ilegales, así como de otras facciones de delincuencia común y organizada.
Los gobernadores, alcaldes, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, centros de estudios y análisis de conflicto armado, la mayoría de los partidos políticos y líderes sociales coinciden en que hay un pico de criminalidad en casi todo el país.
Como lo indicamos en el editorial anterior, esta grave circunstancia fue advertida de forma reiterada en la reunión de la semana pasada con la Comisión de Garantías Electorales. A ello se suma que el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, advirtió, en entrevista con este Diario, sobre el aumento de las masacres en lo corrido de este 2023, señalando que muchos de esos asesinatos colectivos se atribuyen a estructuras de delincuencia común y mafiosa que se nutren de rentas como el narcotráfico, a diferencia de años atrás cuando, en su mayoría, eran consecuencia del conflicto armado interno. También hablamos con parlamentarios, exparlamentarios y candidatos de distintas regiones que alertaron sobre un aumento de las operaciones del Eln, los grupos residuales de las Farc y las bandas criminales de alto impacto (‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachenca’ y otras). Asimismo, se multiplican los campanazos en torno a un crecimiento de la extensión de narcocultivos y de la minería criminal, sobre todo en el área en donde delinquen las mencionadas organizaciones… En el debate en el Congreso al Ministro de Defensa al respecto, fueron muchas las voces parlamentarias, de todos los partidos, las que pusieron sobre la mesa el crítico escenario en sus respectivas regiones.
Y, como si fuera poco, en muchas capitales, ciudades intermedias y municipios las redes de extorsión y microtráfico están desbocadas, al punto que, en un síntoma por demás preocupante, pero que pone de presente la gravedad de la situación, hay sectores poblacionales e incluso autoridades locales que plantean la posibilidad de militarizar zonas urbanas e incluso autorizar el porte y tenencia de armas para poderse defender de la andanada delincuencial. De igual manera, las encuestas de percepción dadas a conocer recientemente no solo coinciden en que la ciudadanía se siente cada vez más insegura, sino que exigen de las autoridades gubernamentales, la Fuerza Pública y los jueces acciones más decididas para enfrentar el desafío delincuencial.
Incluso, en nuestra edición de hoy el Defensor del Pueblo, advierte de forma categórica que “la situación de seguridad en las regiones del país efectivamente es crítica”, haciendo un crudo diagnóstico del panorama de inseguridad y desorden público en varias zonas. También es enfático en alertar que varias de las facciones con que el Gobierno ha firmado pactos de cese el fuego no sólo los están incumpliendo, sino que aprovechan esa circunstancia para ampliar “…, su área de influencia y su capacidad de disputa por el liderazgo territorial, y el control de las economías ilegales, tales como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, las rutas de migración ilegal”. De hecho, precisó que “el único actor que ha cumplido son las Fuerzas Militares”.
La situación es complicada. Eso es innegable. Y, por lo mismo, resulta incomprensible que desde algunos sectores gubernamentales y de sus escuderos políticos se intente señalar, contra toda evidencia, que hay una exageración o alarmismo gratuito al respecto. Tramitar por la vía de la polarización política una crisis como la de seguridad y orden público es muy delicado y pone en riesgo no sólo la primacía del orden y la autoridad institucional, sino que a los únicos que termina beneficiando ese insólito debate es a los grupos armados ilegales, las bandas multicrimen, los carteles del narcotráfico y otras facciones de delincuencia común organizada. Eso es claro.
Visto todo lo anterior, se impone desde el gobierno un alto en el camino. La estrategia marco de seguridad no está funcionando y requiere ajustes inmediatos. La política de paz gubernamental en modo alguno puede seguir limitando el accionar de las Fuerzas Militares y de Policía, sobre todo al ser evidente que la mano tendida del Ejecutivo está siendo respondida con burlas a los cese al fuego y un disparado accionar criminal. La crisis poco a poco se empieza a tornar insostenible y no se ve desde la Casa de Nariño ni el Ministerio de Defensa una respuesta eficaz que proteja la vida y convivencia pacífica de la población.