No deja de preocupar que mientras en todo el mundo hay una discusión de marca mayor por el impacto de la masificación de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en Colombia, ad portas de empezar a discutir una reforma educativa, poco o nada se habla sobre un asunto tan delicado.
Por el contrario, en la antesala de la radicación del proyecto que eleva la educación a derecho fundamental o el que apunta a una reingeniería a la instrucción superior (técnica, tecnológica, profesional y demás), los debates que más eco tienen no se dirigen a evaluar las propuestas y cambios en materia de mejora de la calidad de la enseñanza en nuestro país. 
Prueba de ello es que el principal sindicato de profesores del sector público está dedicado a una defensa a ultranza de los intereses laborales y burocráticos e incluso paralizó actividades días atrás para protestar por un proyecto de ley que establece que el Estado podría otorgar una especie de “bono escolar” a los padres de familia que decidan matricular a sus hijos en instituciones de carácter privado y no en la red pública.
Esa oposición de Fecode desconoce todos los estudios y diagnósticos de los últimos años que evidencian la brecha creciente entre el nivel de preparación y aprendizaje que hay entre los alumnos de escuelas y colegios oficiales frente a los de instituciones privadas. Estos últimos han demostrado, en general, un mejor desempeño en las pruebas estandarizadas, sobre todo en las áreas de matemáticas, ciencias sociales y lectura crítica.
En lugar de estarse oponiendo a iniciativas que solo buscan que los menores de edad tengan acceso a la mejor educación posible, lo que el país espera del sindicato de profesores oficiales es la disposición a debatir de forma frontal y definitiva aspectos como la obligatoriedad de los exámenes de calidad a los docentes, con el fin de medir sus capacidades pedagógicas y niveles de preparación.
No deja de llamar la atención que mientras en Colombia ese sindicato, que tiene mucho eco en el gobierno de izquierda, se preocupa solo por mantener prebendas salariales y ponerles trabas a los procesos de cualificación profesoral, en la ONU se profundiza el debate en torno al impacto de la IA, a tal punto que un estudio de la Unesco plantea que un niño debería tener al menos 13 años para empezar a utilizar estas herramientas tecnológicas en las aulas.
Nuestro país, una vez más, no hace parte de la discusión, pese a que el Gobierno dice impulsar la reforma educativa más profunda de los últimos tiempos.