* El estropicio panameño
* Avanzar en todas las investigaciones

Muchas son las fórmulas a las que suele recurrir el periodismo para resumir la realidad. Entre ellas, en referencia a la Justicia y los temas que investiga, las más constantes son “choque de trenes”, “luna de miel”, “carruseles”, “parapolítica”, “chuzadas”, “Yidispolítica”, y tantos otros calificativos que se han vuelto normales para dilucidar el acontecer nacional.
En los últimos días precisamente la Justicia se ha visto impactada por sus fallos y las reacciones correspondientes. En el caso particular del emitido por el Tribunal Superior de Bogotá sobre el Palacio de Justicia, pendiente de la casación, la controversia no significa, en absoluto, que pueda aquel convertirse en la punta de lanza para desprestigiar y señalar a la Rama Judicial en la fenomenal labor que ha venido adelantando para limpiar la política de tantas circunstancias escabrosas y sancionar la corrupción. Por el contrario, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia dar la palabra final sobre este tema, que tanto remueve el espíritu nacional, y se confía plenamente en su sindéresis para finalmente declarar la cosa juzgada al respecto. No se necesita, pues, ni de leyes de punto final, ni de altisonantes debates que distraen la materia en cuestión, sino que es suficiente con la proclamación que haga la Corte y sin duda ello es lo que puede calificarse de antemano de un fallo histórico. En resumen, lo que siempre es aconsejable en relación con la Justicia, es dejarla operar pronta y debidamente. Controvertir un fallo intermedio, como el del Tribunal de Bogotá, no significa bajo ningún motivo que se vaya a desacatar o golpear el dictamen que en su momento, y dentro de sus facultades, formule la máxima instancia judicial. Y no por ello, tampoco, puede decirse que las ramas Ejecutiva y Judicial hayan roto la “luna de miel” que, por lo demás, nada tiene que ver con las realidades institucionales que exigen tanto autonomía como colaboración mutua.
Mucho menos, desde luego, es el momento para que el Gobierno y la Fiscalía dejen de insistir, ante los organismos competentes, en la extradición de María del Pilar Hurtado, para completar el círculo de las “chuzadas” y romper la impunidad de la que la actitud panameña parecería ser cómplice, por cuanto es a todas luces inconsecuente decir que en Colombia hay persecución política por cumplir con su deber de develar y sancionar los delitos. La extradición de Hurtado, al mismo nivel de la de alias “Julián Conrado” por parte de Venezuela, es asunto de Estado.
Suele decirse preso político de quien comete delitos políticos, es decir, rebelión, sedición o asonada. Y ello se pregona también de quien acepta rebelarse contra el sistema o de quien pretende sustituirlo. No hay, pues, presos políticos en Colombia, salvo los provenientes del conflicto armado interno reconocido por el propio Presidente. Lo que hay son delincuentes comunes demostrados, entre otras, en los desfalcos, las contrataciones ilegales, las interceptaciones espurias, el mal uso de los instrumentos del Estado y la asociación con agentes armados irregulares, soportados en el narcotráfico.
Por fortuna, la Corte Suprema de Justicia ha sido baluarte en la defensa de la institucionalidad, cuyo quiebre estuvo a punto de producirse. Las sanciones ejemplares de tanto proceso, y las que faltan, permiten destacarla como elemento sustancial de este momento de la historia. Igual pasa, en muchos casos, con la Fiscalía General de la Nación, de la que el país sigue esperando el tino y el rigor con los que ha venido actuando.
Recortar facultades jurisdiccionales, en medio del propagandismo, como ocurre con algunos actos en el Consejo Superior de la Judicatura, no se resuelve por la vía de cambiar las normas, sino por conductas como la de la Contralora, es decir, usando puntualmente sus facultades y competencias.
Que el presidente Juan Manuel Santos se haya sintonizado con la gran mayoría de colombianos frente al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en lo que nos hemos contado, no quiere decir que vaya a modificar su claro propósito de reinstitucionalizar al país. Y ello, desde luego, siempre será a favor de la Justicia, pese a los cantos de sirena de quienes quieren, estratégicamente, desestimarla como el súmmum democrático de la autoridad.