La barbarie sin límite de la guerrilla | El Nuevo Siglo
/Foto AFP
Lunes, 23 de Diciembre de 2024

De extrema gravedad lo que se está denunciando en el Cauca en torno a la existencia de fosas comunes en donde los grupos residuales de las Farc habrían sepultado a decenas de menores de edad, la mayoría de ellos indígenas y campesinos, a quienes habrían reclutado a la fuerza y los asesinaron por intentar escaparse.

Otras víctimas habrían caído en combates con las Fuerzas Militares, cuando uno de los cabecillas de las llamadas “disidencias” le habría disparado a los adolescentes que, impactados por el enfrentamiento, decidieron huir para salvar sus vidas terminaron siendo ‘ajusticiados’ por los jefes subversivos, en un acto de barbarie y sevicia sin antecedentes.

Los relatos de algunos de los sobrevivientes y subversivos capturados son realmente dramáticos. Paredones de fusilamiento y asesinatos a sangre fría que, además, son presenciados de forma obligatoria por el resto del frente insurgente, como una forma de advertencia y escarmiento para todos los quisieran desertar.

Decenas de menores de edad aterrorizados no solo porque fueron arrebatados a la fuerza de sus hogares y familias, sino porque, además, fueron sometidos a toda clase de vejámenes y atropellos por parte de los guerrilleros de la facción del ‘Estado Mayor Central’ (EMC), sobre todo de la facción al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Cuando quisieron escapar de ese infierno, encontraron la muerte.

Ya la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, organizaciones no gubernamentales, así como las comunidades indígenas y asociaciones campesinas, especialmente en el suroccidente y el suroriente del país, habían denunciado que los grupos residuales de las Farc, sobre todo en medio de los cese el fuego pactados con el Gobierno, habían desplegado estrategias para expandirse y controlar las economías ilícitas. Para ello, desataron una campaña de reclutamiento forzado de menores, en el marco de la cual, incluso, tuvieron enfrentamientos con la Guardia Indígena, que trató de impedir que se llevaran a los niños.

De acuerdo con las entidades del Ministerio Público, hasta el 3 de diciembre pasado se habían presentado 297 casos de reclutamiento forzado en el país. Sin embargo, otras fuentes señalan que hay muchas situaciones que no son denunciadas ante las autoridades.

La pregunta es una sola: ¿por qué el mutismo gubernamental ante tal acto de barbarie y sevicia? ¿Qué responde a las denuncias en torno a que muchos de estos casos de reclutamiento forzado se dieron en medio de los cese el fuego? ¿Cuándo denunciará ante la comunidad internacional estas masacres de menores de edad? ¿Mantendrá canales de diálogo con estos grupos asesinos de niños y adolescentes?