* Demoledor informe de ONU sobre crisis venezolana
* Petro debe abandonar postura cómplice con satrapía
“El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”. Esa es una de las principales conclusiones del informe revelado ayer por la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela”, una instancia creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de hacer un seguimiento detallado a la violación sistemática de las garantías fundamentales por parte del régimen chavista.
Lo advertido por esta Misión confirma que la satrapía, que encabezan Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la cúpula militar, está decidida a arreciar la represión violenta y los delitos de lesa humanidad a un nivel sin antecedentes con tal de no admitir que perdió los comicios presidenciales del pasado 28 de julio frente al candidato opositor Edmundo González, hoy asilado en España, pero reconocido como mandatario electo por un gran número de naciones y quien ha reiterado que espera asumir el poder en enero próximo, dando lugar al tránsito de la dictadura a la democracia, la recuperación institucional y la reinstalación del estado de Derecho en esa atribulada nación que completa un cuarto de siglo bajo el yugo de un gobierno de izquierda autoritario.
Los pormenores del informe de la Misión deberían llevar a la Corte Penal Internacional a expandir el expediente que le tiene abierto a Maduro y compañía, procediendo incluso, como lo han solicitado no pocas voces de la comunidad internacional en las últimas semanas, a expedir una orden de captura contra la cúpula del régimen dictatorial.
Es imperativo enviarle un mensaje contundente no solo a esta tiranía, sino a otras, como las de Cuba y Nicaragua, en torno a que sus crímenes no quedarán sin castigo real alguno. Permitir que el chavismo naturalice el fraude electoral y crea que puede asesinar, encarcelar, desaparecer, exiliar, perseguir y atemorizar a todo aquel que esté por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, constituye una mácula para el derecho público internacional, la vigencia y credibilidad de la ONU, así como para la democracia global. Incluso, como se advirtiera en una de las más recientes sesiones de la OEA, cada día que pasa sin que caiga la dictadura venezolana cimenta un inaceptable y peligroso precedente para que en otros países los anárquicos y radicales traten de imitar este comportamiento criminal, bajo la premisa de que más allá de las condenas externas, la impunidad está asegurada.
No hay que llamarse a engaños. Tras el exilio obligado de González, el chavismo considera que ganó terreno en su propósito de burlar abiertamente el dictamen de las urnas. Aunque tiene toda la intención de capturar y encarcelar a la valiente líder opositora María Corina Machado, se ha abstenido de proceder en esa dirección en espera de que la presión de la comunidad internacional pierda más fuelle con el pasar de las semanas y empiece a resignarse a que el régimen sátrapa no se va a ir. Una vez perciba que cumplió este objetivo, seguramente apresará a la dirigente, la forzará al exilio o, incluso, podría llegar a intentar su eliminación física.
De hecho, algunos analistas sostienen que los montajes del Palacio de Miraflores en la última semana, que van desde acusar a gobiernos extranjeros de planear un presunto asesinato de Maduro hasta la captura de ciudadanos estadounidenses, españoles y una persona de origen checo sindicándolos de estar detrás de un complot para desestabilizar al “gobierno bolivariano”, son en realidad estrategias de la dictadura para ‘medirle el aceite’ a la comunidad internacional y ver hasta dónde puede forzar a varios gobiernos a ‘negociar’ la libertad de sus nacionales y dar un paso más en su objetivo de no salir del poder.
Visto todo lo anterior, resulta casi que imposible de entender que gobiernos como el de Gustavo Petro insistan en una polémica e inviable mediación entre dictadura y oposición venezolanas, desconociendo no solo las pruebas irrefutables del fraude electoral, sino la multiplicidad de crímenes y represión violenta a la que está acudiendo el régimen. No es admisible la neutralidad ante los delitos de lesa humanidad, como tampoco el silencio cómplice ante la peor de las tiranías hoy en el continente. No le es dable a la Casa de Nariño, más allá de su empatía política e ideológica con el chavismo autoritario, borrar de un plumazo la larga vocación democrática de nuestro país en asuntos internos y externos. La proposición aprobada mayoritariamente en la Cámara de Representantes el lunes pasado −con la excepción vergonzante del Pacto Histórico− urgiendo que Colombia reconozca a González como presidente electo de la vecina nación, así lo ratifica.