*Sector privado, barrera anticorrupción

*Reforzar divulgación del Estatuto

Ya es una verdad de Perogrullo afirmar que la corrupción, por encima del conflicto armado o el narcotráfico, es el más grave flagelo en Colombia. Las estadísticas sobre lo que le cuesta al país el robo y malgasto de los dineros públicos producen estupefacción. La Procuraduría no dudó en hablar de 12 billones de pesos anuales. Otro estudio de una universidad local y el Banco Mundial advertía que el trece por ciento del presupuesto destinado para inversión terminaba en manos de funcionarios corruptos. Igual se tasan las pérdidas por evasión tributaria en 20 billones de pesos, en tanto que los desfalcos en sectores como la salud, las regalías o las pensiones también se cuantifican con muchos ceros a la derecha.

El Estado en las últimas dos décadas ha puesto en vigencia decenas de leyes, decretos y reglamentaciones para frenar este desangre presupuestal. El último envión fue el Estatuto Anticorrupción aprobado el año pasado, que contiene un menú normativo muy amplio para hacer más transparente, ágil y eficiente el manejo de lo público y la interacción entre los despachos oficiales y la ciudadanía en general.

De allí la importancia de un estudio impulsado por empresarios de Cali, Cundinamarca, Bucaramanga, Medellín y Santander, que permitió la confección de un documento-propuesta sobre “lineamientos para la reglamentación del Estatuto Anticorrupción en relación al sector privado”.

La iniciativa, liderada por Transparencia por Colombia, el Ministerio del Interior y la embajada Británica, en alianza con la Red Pacto Global Colombia y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), hace un diagnóstico de los alcances del Estatuto.

Con base en esa radiografía se detectó, por ejemplo, que si bien el Estatuto es muy amplio e integral sobre las responsabilidades del sector privado en la prevención del  soborno y las prácticas corruptas, el empresariado no ha incorporado esos procedimientos a la realización de sus negocios y relaciones comerciales porque desconocen los alcances de la norma. Urge, por tanto, como primera medida, una divulgación más agresiva de esa nueva legislación, sobre todo en lo relativo a la ética empresarial y la cero tolerancia con la cultura del atajo y la trampa.

Un segundo aspecto del documento final se basa en recomendaciones para mejorar, a través de la implementación del Estatuto, el clima de negocios y el libre mercado, especialmente en procesos de contratación pública y prevención del soborno público-particular. Se plantea trabajar en escuelas y hogares sobre la importancia de la transparencia y la ética, crear más mecanismos para vigilar la ejecución de los obras, mejorar esquemas de evaluación del desempeño de los consultores e interventores, implementar una política de regulación más amplia sobre el conflicto de interés y la ‘puerta giratoria’ entre instancias oficiales y no. Igual se debe trabajar en generar mapas de riesgo de corrupción en todos los sectores, así como incluir en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a las sociedades anónimas abiertas. También se urge regular el cabildeo, definir mejor las conductas delictivas y hasta fortalecer los  mecanismos de control y sanción social para quien desfalque al erario. Corresponderá ahora al Gobierno, Congreso y otras instancias de poder y opinión evaluar el documento del empresariado y evaluar cuáles de sus propuestas tienen viabilidad y contribuyen a la lucha contra todo lo que signifique corrupción.