No son pocas las voces que empiezan a alertar sobre cómo en no pocas ciudades y municipios por la vía de la acción de tutela y de otros mecanismos judiciales las políticas de uso y preservación del espacio público se han ido debilitando a tal punto que está en peligro el derecho al disfrute colectivo de parques, andenes, alamedas, senderos peatonales y otra infinidad de predios que son propiedad del Estado.
Una vez más el problema está en la colisión de los derechos. Por un lado, sobre todo en el caso de los vendedores, ya sean ambulantes o estacionarios, se alega que debe respetárseles su derecho al trabajo y a la manutención propia y de los suyos. Y, por el otro, se contrapone el derecho colectivo a que el espacio público no sea ‘privatizado’ por la vía excepcional. De poco sirve que en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) se establezcan las normas sobre uso de los suelos, la actividad que se permite en cada sector, los condicionamientos y normatividades que se deben cumplir, si las acciones de tutela dejan sin piso en la práctica esos mandatos legales.
En no pocas ocasiones las mismas autoridades policiales se han quejado de la improductividad de los operativos para recuperar el uso del espacio público, pues un día se realizan los procedimientos para retirar vendedores ambulantes, no sin que se generen refriegas y hasta asonadas, para que al poco tiempo, tutela en mano, los desalojados vuelvan al mismo lugar. El panorama, entonces, se torna caótico: calles atestadas de vendedores con sus mercancías regadas por los andenes, forzando a los peatones a utilizar la calzada vehicular y exponerse a ser atropellados. Incluso se han detectado casos en los que los comerciantes formalmente establecidos, cansados ya de pedir la reubicación de los vendedores ambulantes, terminan sacando sus mercancías también a la acera para hacerles competencia a los informales que, a diferencia de los negocios legales, no pagan impuestos ni tasas de ninguna especie al Estado. Y como si fuera poco, hay múltiples denuncias de bandas criminales que se ‘apoderaron’ de los andenes y cobran a todo aquel vendedor que pase o se estacione…
En el Congreso ya se escuchan voces que urgen que se establezca una directriz nacional sobre el uso de los espacios públicos, y que desde los máximos tribunales se proyecte un marco jurisprudencial que, sin violentar la autonomía de los jueces y operadores judiciales, ordene la toma de decisiones en materia de tutelas, derechos de petición y acciones populares relacionadas con qué se puede o no hacer en los predios no privados.
Si esas medidas no se empiezan a tomar el país podría ir rumbo a repetir lo que pasa en algunas ciudades de la Costa norte, en donde extensas zonas de playa, que se suponen son espacio público y de disfrute colectivo, prácticamente terminaron privatizadas por hoteles y establecimientos de turismo, que no dudan en establecer barreras y hasta personal de vigilancia para impedir el tránsito o permanencia de aquellos que no son sus clientes.