Crecen alertas en Cauca, Putumayo, Huila, Arauca…

Urge redoblar el plan de seguridad y orden público

La situación de inseguridad y desorden público se complica cada día más. El asesinato ayer de siete efectivos del Ejército a manos de las disidencias de las Farc en zona rural de Buenos Aires (Cauca) así lo evidencia. Es claro que no se trata de un hecho aislado. Semanas atrás, en las montañas de Puerto Guzmán, en Putumayo, combates entre grupos residuales de la misma facción dejaron más de 18 muertes. De igual manera, a comienzos de septiembre siete policías fallecieron tras ser emboscados en una vereda de Neiva…

Es innegable que el accionar de las disidencias, reincidencias, guerrilla del Eln, bandas criminales de alto espectro (como el ‘Clan del Golfo’), carteles del narcotráfico y otras organizaciones de delincuencia común y organizada viene en aumento, sobre todo dentro de la guerra abierta por el control de las rutas del narcotráfico y otras rentas ilícitas. De hecho, un informe publicado en nuestra edición dominical daba cuenta de que, desde el cambio de gobierno, en agosto pasado, se han producido más de noventa combates, casi a razón de uno por día.

El sacrificio de vidas de los integrantes de la Fuerza Pública ha sido muy alto. Hasta el pasado 30 de noviembre 121 soldados, agentes, suboficiales y oficiales habían perdido la vida en todo este 2022. Ese saldo fatal aumentó en la primera semana de diciembre por lo ocurrido en Cauca ayer, el asesinato de dos policiales el domingo en Bogotá y otros ataques a las Fuerzas Militares en distintas partes del país.

Las mismas estadísticas del Ministerio de Defensa dan cuenta de que entre enero y octubre hubo casi 11.500 homicidios, más de 22 masacres con casi un centenar de víctimas, 154 secuestros, 508 actos terroristas, 38 atentados a infraestructura crítica y no menos de 17 ataques subversivos… A ello habría que sumar que el homicidio sistemático de los líderes sociales no se detiene, al punto que la cifra ya supera las 171 víctimas, según Indepaz. No menos grave, de acuerdo con los informes de la Defensoría de Pueblo, es el aumento de los desplazamientos y confinamientos forzados en distintas partes del país.

En materia de seguridad urbana el panorama también es muy preocupante, sobre todo en lo relativo a la incidencia de los delitos de alto impacto, especialmente atracos, y una curva creciente de casos de sicariato y asesinatos producto de peleas entre redes criminales, incluyendo hasta la injerencia de bandas foráneas, como ocurrió en Bogotá y algunas zonas de la frontera con Venezuela con el llamado ‘Tren de Aragua’.

Es necesario reforzar la estrategia de seguridad y orden público de manera urgente. Los resultados de las Fuerzas Militares y de Policía en lo corrido del año son positivos, es claro. Pero visto cómo se está deteriorando de manera progresiva la situación en varias regiones, es necesario que se afine el marco operacional y de inteligencia. Más allá de los enfoques políticos del Ejecutivo de izquierda y de cuáles sean sus perspectivas en cuanto a procesos de paz, es claro que la Fuerza Pública debe mantenerse a la ofensiva. El auge de los narcocultivos, la minería ilegal y la extorsión, entre otros delitos, exige una respuesta más decidida y contundente. Se necesita ampliar el pie de fuerza militar y policial en muchas partes del territorio. Es imperativo, igualmente, mejorar las capacidades de investigación, así como la coordinación con la Fiscalía y otras dependencias judiciales.

Como se ve, el ejercicio de la autoridad legítima e institucional es necesario para frenar el avance de este fenómeno de violencias cruzadas. No se puede perder el terreno ganado en los últimos años. Resulta innegable que hay grupos ilegales y de multicrimen que vienen fortalecimiento y ampliando su radio de acción delictiva. La guerra no se detiene y el Estado no puede bajar la guardia.