* Menos quejas y más acción en regiones
* Gobernadores y alcaldes no se pellizcan
Los primeros cónclaves de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales que empezaron a ejercer hace dos meses han dejado en claro que la preocupación más urgente en las administraciones departamentales y municipales es el impacto que sobre los presupuestos de funcionamiento e inversión social tendrá el nuevo sistema de reparto de las regalías derivadas de la explotación de recursos naturales no renovables.
Sin embargo, es evidente que no son uniformes las quejas de los mandatarios seccionales y locales, así como las de sus órganos legislativos respectivos. Es obvio que aquellas regiones y localidades que tendrán un incremento sustancial en los giros por este concepto, o que los recibirán por primera vez, exponen como primera necesidad la urgencia de ser capacitados en las nuevas reglas del juego para la inversión de los mismos, e incluso piden una mayor flexibilidad en ese aspecto, mientras que los departamentos y municipios que verán reducidos sus ingresos por regalías siguen insistiendo en el grave impacto de esa decisión y cómo se afectarían proyectos que se venían ejecutado o que hacían parte de los planes de desarrollo de las administraciones entrantes.
Si bien es cierto que este tipo de controversias eran previsibles y que muchas de ellas se terminarán resolviendo una vez sea aprobada y entre en vigencia la ley que reglamenta la reforma constitucional al sistema de regalías, también resulta claro que ya es hora de que mandatarios seccionales y locales vayan dejando de lado las quejas sobre lo que perdieron o van a dejar de recibir. El nuevo esquema está en vigencia y no habrá marcha atrás. Obviamente requiere algunos ajustes por desequilibrios ya detectados, pero es una realidad normativa e institucional a la que deben aplicarse todas las esferas nacionales, regionales y locales. Así de sencillo.
En ese orden de ideas, en lo que deberían concentrarse los alcaldes y gobernadores es en concretar las asociaciones con sus departamentos y municipios vecinos para confeccionar las bases financieras, logísticas y de diseño de los proyectos regionales que tendrán prioridad en la destinación de los billonarios recursos girados por regalías.
Parece que aún no estuviera lo suficientemente claro que este revolcón va unido de la mano con la Ley de Ordenamiento Territorial que estableció de forma muy taxativa cómo los gobernadores y alcaldes deben apostar por obras de gran impacto regional, estructurales y que permitan aumentar no sólo la calidad de vida de los habitantes sino potenciar las capacidades comerciales, turísticas, agroindustriales, de transporte y de desarrrollo y competitividad de las zonas más atrasadas en estos aspectos.
Por igual, todavía son muy lentos los esfuerzos que se ven en nivel departamental para conformar las llamadas regiones y provincias administrativas y de planificación, que no sólo permitirán a las gobernaciones adelantar obras de gran envergadura en materia vial, energética y de servicios públicos, sino que aterrizará a la realidad los viejos anhelos de varias zonas del país por alcanzar niveles de autonomía mayores en materia presupuestal y de desarrollo.
A mediados del año pasado, cuando el Gobierno sancionó la ley que reformó el sistema de regalías, se esperaba que ya para comienzos de este 2012 estuvieran estructurados los primeros megaproyectos, pero hasta el momento es muy tímido el avance en ese sentido. Es notorio que el cambio de titulares en departamentos y municipios es una causa objetiva de este lento arranque, pero ya es hora de que los mandatarios que llevan dos meses en el cargo aceleren las respectivas decisiones. El espíritu de la norma es nítido: la zona que presente los mejores y más viables proyectos, tendrá acceso más rápido a recursos como los del Fondo de Desarrollo Regional, que tiene por objeto financiar obras de gran impacto, así como del Fondo de Compensación Regional, que privilegia a los departamentos y municipios con mayor pobreza. Igual está el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigido a costear iniciativas de este tipo a escala seccional y local. Es hora, pues, de que gobernadores y alcaldes se pellizquen, dejen de lado las quejas y aprovechen las herramientas que el sistema les entregó.