* Un mes y no hay resultado de las presidenciales

* El trasfondo de una crisis política e institucional

El pasado 6 de junio los peruanos fueron a las urnas para la segunda vuelta en los comicios presidenciales entre los candidatos Keiko Fujimori y Carlos Castillo. Hoy, más de un mes después, todavía no se conoce el ganador de la contienda, pues si bien una semana después terminó el escrutinio con levísima ventaja a favor del aspirante de izquierda, la de derecha impugnó una gran cantidad de mesas y todavía no se han resuelto esas reclamaciones.

De esta forma, la democracia inca vive uno de los momentos más críticos de los últimos años, en medio de antagonismos políticos personalistas, sin que en el firmamento aparezca un estadista capaz de restablecer la estabilidad institucional.

La corrupción política y partidista es una de las principales causas de la debacle estructural. Seis presidentes de las últimas dos décadas han sido destituidos o procesados judicialmente, incursos en escándalos de sobornos y otros delitos. Varios terminaron detenidos. Uno, Alan García, se quitó la vida cuando iba a ser capturado, en tanto otro (Francisco Toledo) huyó a Estados Unidos y está pendiente de extradición a su país. Alberto Fujimori está en prisión hace 20 años y Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Martín Vizcarra también han resultado en líos penales o incluso prisión. También han ido a la cárcel otros dirigentes políticos y congresistas de todos los sectores.

Para no pocos analistas es claro que la tendencia a la corrupción presidencial se debe al inmenso poder que concentra el eventual gobernante y su cúpula. Pero también se culpa a los elevados costos de la actividad política y electoral. 

Paradójica y afortunadamente en las últimas dos décadas ha prevalecido la base del sistema democrático, sobre todo en lo relativo a que los escándalos que han derribado a gobernantes se han tramitado por vías legislativas o judiciales. Antes, como en otros países de la región, se dieron golpes de estado de derecha e izquierda.

En medio de la indecisión sobre el resultado de los comicios presidenciales, Castillo se proclamó ganador y alega un intento de fraude que busca desconocer los resultados de las urnas. A su turno, los militares retirados se han manifestado públicamente en su contra y urgido que se definan las denuncias de Fujimori, que también insiste en un fraude a favor de la izquierda. Todo ello mientras la candidata estuvo a punto de volver a prisión y el clima de tensión y polarización política en campos y ciudades crece preocupantemente.

Tradicionalmente en el sistema político peruano el Congreso ha sido escenario de grandes denuncias, lo mismo que las propias campañas presidenciales han contribuido a destapar los negociados de los dirigentes partidistas. Paradójicamente, luego unos y otros terminan salpicados en los casos de corrupción más sonados, como el de los sobornos de Odebrecht, la construcción del Metro y de muchas otras obras que alta cuantía. 

En el caso de la justicia también se han presentado algunos escándalos de soborno y tráfico de influencia, pero en menor grado que en el Ejecutivo y el Legislativo. Ello puede deberse a que la formación de los jueces y funcionarios del sector suele ser de alta calidad y garantía de transparencia. 

Por cuenta de la polarización que se vive en Perú en estos momentos, las campañas se valen de todas las armas, en especial de la calumnia, para zaherir a su contraparte. Incluso, se dice que Vladimiro Montesinos, el antiguo cómplice del expresidente Fujimori, hoy en su contra, hizo una llamada desde la cárcel de máxima seguridad en la que está recluido, sabiendo que todas sus comunicaciones son monitoreadas y grabadas, para decirle a un fulano que debían dar un millón de dólares a la cúpula del sistema electoral para sobornarlos a favor de Keiko. Una maniobra con la que se pretendía, obviamente, hundirla. 

Es urgente, por tanto, que las autoridades electorales peruanas definan de una vez por todas quién es el ganador o ganadora de los comicios. Podría pensarse en aceptar las propuestas de una veeduría internacional para certificar todo el proceso. Si se permite que siga el clima de incertidumbre y polarización, se podría presentar un alzamiento popular preocupante, más aún en medio de la crisis social y económica derivada de la pandemia. La institucionalidad y el sistema democrático están en juego y se debe evitar que las voces que llaman al radicalismo y las vías de hecho empiecen a tener más eco en la dividida, cansada, desconfiada y cada vez más irascible ciudadanía, tanto a nivel rural como urbano.