* Reforzar cruzada anticorrupción

* Redimensionar el Ministerio Público

Los lineamientos que ha fijado Margarita Cabello para lo que será su gestión al frente de la Procuraduría General de la Nación han tenido buen recibo por parte de la opinión pública. Tanto en su discurso de posesión como en las entrevistas a este diario y otros medios de comunicación, dejó en claro que su prioridad será garantizar el buen ejercicio de la función pública y la utilización de los recursos oficiales. Se trata de un tema determinante en un país, que como el nuestro, si bien tiene una de las legislaciones anticorrupción más amplias a nivel regional, lamentablemente continúa siendo escenario de recurrentes situaciones de malversación del erario, ineficiencia administrativa y desgreño en el manejo de la cosa pública.

En ese orden de ideas resulta imperativo para la función disciplinante de la Procuraduría que el Congreso avance de manera expedita en el proyecto de ley radicado por el anterior titular del Ministerio Público, en la primera semana de este año, que tiene como principal objetivo acompasar la legislación nacional con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los procedimientos sancionatorios a los servidores públicos de elección popular,  es decir los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

Si bien es cierto que hoy, como lo manifestó la Procuradora, la facultad jurisdiccional del ente de control se mantiene intacta y hay un plazo de transición para dicha adecuación normativa, el Parlamento debe entender la urgencia de sacar avante la mencionada iniciativa, evitando que se llegue a presentar un vacío que debilite la capacidad institucional para castigar a quienes falten a la transparencia y diligencia propias de la majestad de la función pública.

También está dentro de la hoja de ruta de la nueva Procuradora el fortalecimiento de las entidades del Ministerio Público, lo que implica una mayor coordinación tanto con la Defensoría del Pueblo como con las Personerías municipales. Se trata de un tema de primer orden, más aún en momentos en que en el país se está registrando un pico de violencia que tiene como principales víctimas a los líderes sociales y activistas comunitarios, que requieren de protección especial.

Igualmente resulta positivo que una de las primeras acciones de Cabello se haya dirigido a generar mecanismos de vigilancia sobre la estrategia nacional, regional y local, que se está implementando para hacer frente a la pandemia del covid-19. Más que bienvenida la propuesta de crear mesas de trabajo con la Contraloría y la Defensoría que permitan hacer un seguimiento detallado a la contingencia sanitaria, así como al plan de vacunación que está por comenzar.

Otro de los flancos a trabajar es el de reforzar la capacidad del Estado para concretar los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas del conflicto armado. Si bien es cierto que se ha insistido en que éstas son el centro de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016, es evidente que esta es una tarea que sigue a medio camino y que le corresponde al Ministerio Público seguir empujando para que se haga una realidad lo más pronto posible.

Más importante aún resulta la prioridad que Cabello ha dicho se le dará a la función preventiva que debe desarrollar la Procuraduría en aras de que se genere un sistema eficiente de alerta temprana, que detecte a tiempo el riesgo de infracciones disciplinarias por parte de los servidores públicos y se apliquen los correctivos sobre la marcha, salvaguardando el accionar oficial, transparente y eficaz, y sin que haya necesidad de llegar a las etapas propiamente sancionatorias.

Obviamente son muchos los flancos en los que la labor de la Procuraduría es vital. Lo importante es que esa hoja de ruta que se ha señalado tenga una aplicación profunda en el día a día del ente de control. La garantía de independencia en el ejercicio de su función, que ha remarcado Cabello, es un mensaje positivo para todo el país. También lo es el que tanto la alta funcionaria como los titulares de la Fiscalía y la Contraloría y demás instancias de vigilancia hayan reiterado que la cruzada contra los corruptos tendrá en este 2021 un renovado impulso. Como lo hemos reiterado en estas columnas, en medio del profundo impacto social y económico derivado de la pandemia, es imperativo que se garantice que el manejo de los recursos oficiales sea lo más transparente posible, ya que es la única forma de ayudar a millones de colombianos que hoy se encuentran soportando tragedias y penurias.