El Consejo de Seguridad de la ONU
¿Por qué no crear una Comisión de Países Amigos?
EL proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, toma cada día más una estructura internacional, mientras que lo nacional se reduce a elementos de trámite.
En efecto, con el anuncio genérico de que el Gobierno pedirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en compañía de las Farc, la verificación de los acuerdos de paz y en particular de los convenios de cese el fuego y de hostilidades, las instituciones colombianas quedan paulatinamente al margen.
Lo que puede decirse por el momento, sin que se conozcan los detalles básicos y puntuales de una solicitud de este tipo, es que la bilateralidad estaría llegando al máximo nivel posible y las Farc encontrarían por ese conducto supranacional el estatus de beligerancia por el que han luchado 50 años. Una verificación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, obviando otras posibilidades del exterior, tiene las características propias de los conflictos internacionales y si bien el Gobierno ha tenido el cuidado de decir de que no se trata de cascos azules, el mandato de la ONU, cualesquiera sean sus condicionamientos, tiene carácter vinculante frente a las dos partes en conflicto. Es decir, que cualquier tema atinente al proceso de paz, en las materias acordadas, quedará sujeto a la interpretación exclusiva y excluyente de la ONU, cuya junta correspondiente y operación en el terreno tendrán plena autonomía frente al Estado y a las Farc.
No se sabe aún cuánto durará el ejercicio y si ello compromete la entrega o dejación previa de las armas por parte de las Farc o si esto podría llevarse varios años. Es decir, si es la suma de cese el fuego localizado y verificable con el fin del conflicto y ello debe tomarse como un todo.
Siendo, en todo caso, una política de Estado, cuyo componente fundamental es internacional, tendría que tomarse como tal y consultar los organismos y entidades nacionales correspondientes. Está por lo pronto claro que dicha política comprometería al menos al siguiente gobierno y debería ser, por igual, motivo de todos los actores políticos nacionales.
Entretanto, es igualmente claro que el proceso tiene otros componentes internacionales de gran envergadura. Por ejemplo, en los apartes de justicia, el Tribunal superior constituido en alguna proporción por magistrados del exterior, sin fueros especiales para los investigados, tal y como dice el Estatuto de Roma. Hasta el momento no se sabe si la condición puesta por el Presidente de “libertad restrictiva” a las Farc y el confinamiento en lugares específicos harán parte de lo que ellos vienen llamando “territorios de paz”.
Estos territorios, como lo ha dicho, serían multipropósito, por decirlo de algún modo, sirviendo eventualmente de lugares de localización para las tropas, en referencia al cese al fuego, pero eventualmente también de Zonas de Reserva Campesina, lo mismo que de sitios para el desarrollo de sus actividades políticas. Actúan, pues, de enclaves desmilitarizados de lado y lado, pendiente todavía de establecerse cómo se desarrollaría la autoridad conjunta y eventuales mecanismos de control como la policía cívica interpartes, bajo la sombrilla de la ONU.
La internacionalización del proceso, del mismo modo, no sólo viene dada en materia de verificación militar y de aplicación de la justicia, sino en cuanto a la financiación. Para ello se busca crear un fondo internacional, pero se ha sido claro en que los aportantes mantendrán el direccionamiento y la vigilancia de los recursos. Todo ello mientras se ejecuta un Plan de Desarrollo específico para las zonas de paz.
Con la enunciación de estas características parecería claro que el Gobierno está jugando el proceso a una intervención cada vez más fuerte de la órbita extranjera. Es posible que ello no sea tan rápido como se pretende, pero si fuera por una “junta política” para verificar el cese el fuego, ahí están los delegados especiales para el proceso de paz colombiano de los Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Irlanda, el Vaticano, el delegado uruguayo de la Unasur y el mismo de la ONU, además de los garantes Noruega y Cuba, y los acompañantes Chile y Venezuela. Si se trata de articular esa cantidad de protagonistas, una resolución del Consejo de Seguridad, con todos los riesgos que ello encarna, no parecería necesaria frente a la posibilidad de crear una Comisión de Países Amigos con facultades específicas frente a la verificación del cese el fuego.