Poderes absolutos al Ejecutivo
La auto-revocatoria del Congreso
Fue presentado ayer al Congreso el acto legislativo en el que se revuelca la Constitución en aras de un trámite apresurado y absoluto en el que se garantice de forma indiscutida lo que eventualmente se acuerde con las FARC en Cuba para la “Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. En ello, como ha dicho la organización subversiva, nada tiene que ver, porque el punto sobre refrendación e implementación de los acuerdos está por debatirse y saldarse. Pero el Ejecutivo y la coalición oficialista apuntan a que las FARC verán, finalmente, como muy favorable el asunto y se plegarán, en su momento, a la plataforma adoptada, inclusive, si fuera del caso, invitándolos a participar en el instante oportuno o en desarrollo de las facultades extraordinarias posteriores por cuanto ningún decreto presidencial, con base en estas competencias, podrá adelantarse sino como desarrollo de lo dispuesto taxativamente y a la letra con ellos. De modo que, a la larga, su presencia es innecesaria y suplida con las acciones gubernativas.
La idea, en todo caso, consiste en la adopción de mecanismos extraordinarios que, sin llegar a una Asamblea Constituyente sean un remedo de la figura en cuanto a la limitación de la deliberación y los tiempos del tracto legislativo, con el agravante de que, a más de no pasar por el cedazo electoral que se acostumbra para decantar la representación en estos casos y es doctrina de las Cortes, se reduce intempestivamente el Congreso a un “Congresito”, tanto como corporación y ahora, más allá, en sus atribuciones y facultades generales.
En efecto, la función legislativa, en la extensa materia de la paz, se constriñe intempestiva y exclusivamente a un arcaico poder de veto parlamentario, como en alguna época se dispuso en las monarquías constitucionales. Todavía peor, los trucos llegan hasta a obligar a que la improbación requiera de mayorías absolutas, no va y sea que salga algún dictamen contrario a la omnipotencia del Ejecutivo y la coalición oficialista. Y así sucesivamente, en una catarata de castraciones constitucionales que no da siquiera para los cánticos de los eunucos, como Farinelli. De modo que hoy se inicia la auto-revocatoria del Congreso, hecha por aquellos mismos que de repente abandonaron sus funciones esenciales y que, a pesar del maquillaje de los ponentes, han decidido que la “paz autoritaria” prevalece sobre la “paz constitucional”.
Por lo pronto, es del país conocido que nada de lo que no esté determinado conjuntamente entre los negociadores de La Habana ha prosperado en los tres años que se lleva de proceso. De hecho, el denominado marco general de la paz como la modificación de las fechas del referendo, que pretendía adelantarse el próximo 25 de octubre, quedaron en nada después de tantos esfuerzos, votaciones y explicaciones unilaterales por parte del Gobierno para sacar los proyectos avante. Está por verse, sin embargo, si en esta ocasión las FARC encuentran en ello, como se dijo, un canal favorable y se contentan con la vocería de una de las partes. Al menos, el Gobierno quitó el respaldo al proyecto de plebiscito que cambiaba los umbrales constitucionales. No porque no estuviera de acuerdo con el contenido, sino porque no había sido estipulado con las FARC.
Como de grandes afanes se trata ahora todo cuanto se refiere al proceso, dejando vacíos y contradicciones tan graves como las evidenciadas entre las partes con respecto a la justicia alternativa, el proyecto en mención nace raudo pero cojo. Aun así, el presidencialismo a ultranza, rompiendo el equilibrio de poderes tan cacareado en los últimos tiempos, será un aliciente para la paz pragmática, pero en modo alguno soporte de una paz práctica, persuasiva, consensuada y democrática, sostén de una reconciliación estable y duradera.