POR  lo general cuando se cuestiona a un juez en los países de la región se menciona el caso de los funcionarios corruptos, que se enriquecen en el ejercicio de su profesión, los que venden o negocian sus fallos, los que se lucran desde la más alta magistratura. En ocasiones se trata de elementos que por el simple procedimiento de dejar que un caso se archive, se venzan los términos, que se hunda una medida que puede enriquecer a unos o disminuir los fondos de otros, que no se efectúen a  tiempo unas diligencias o al darles prioridad a diferentes casos, consiguen beneficiar a otros y recibir sumas gruesas por debajo de la mesa. Eso generalmente lo hacen en la impunidad, por cuanto los interesados no se van a incriminar en un caso de soborno, ni de tráfico de influencias o delitos por el estilo. Por lo que los mismos entes estatales que velan por la pulcritud y el respeto de los jueces a la ley, no logran sancionar a los magistrados venales, así las gentes los reconozcan y sepan de la forma como acumularon fortuna. Lo que no siempre es seguro, dado que muchos de los profesionales que pierden un juicio suelen en ocasiones salir a maldecir y calumniar a los juristas incorruptibles que obran en derecho.

El caso que nos ocupa hoy no es el de una jueza corrupta, que se vendió a los agentes del hampa o de la corrupción estatal o los famosos intrigantes de cuello blanco, se trata de  María Lourdes Afiuni, quien se ve envuelta  en  un   lío sucio, siendo hasta ese momento una funcionaria ejemplar  y respetada profesional del Derecho, famosa por atenerse con firmeza al apego estricto de la ley; persona brillante y destacada que por cumplir sus funciones y servir a la sociedad de acuerdo con lo que estipulan los códigos en la democracia, se ve envuelta en un terrible escándalo que la lleva a chocar con el Gobierno venezolano. Todo indica que la abogada nunca se imaginó que, de ser una mujer admirada, culta representante de la parte sana de la sociedad, acostumbrada a cumplir sus deberes del día a día de manera irreprochable y sin pedir a la vida nada distinto de tener la satisfacción de la labor realizada, tuviera que pasar por una experiencia tan dura. La exfuncionaria de buena presencia y reconocida por su talento y finos conocimientos dialécticos en el proceder formal de su delicada función judicial, figuraba entre las candidatas que por sus merecimientos están en la fila natural para llegar sin necesidad de padrinos a la magistratura.

Hasta que la Providencia dispuso que un día cualquiera del año 2009 le correspondiera atender el caso  del banquero Eligio Cedeño, presidente del Banco Canarias, al que se acusa de obtener dólares de modo fraudulento, en un país donde impera el control de cambios, así como del delito de  contrabando por cuenta de importaciones ficticias. El caso se investigó por supuestas importaciones de computadores con documentos ficticios.

Cedeño figuraba en una lista negra de elementos desafectos al Gobierno y sospechosos de ayudar a la oposición, lo que en el régimen  del comandante Hugo Chávez, en determinado momento de polarización y cuando se estigmatizaba al oligarca boliburgés, calzaba con la imagen estereotipada de los que había que estigmatizar para afianzar la revolución y enlodar  a los ricos... Se debía escarmentar con ese caso a todos los  de las altas esferas que se oponían a la continuidad de la revolución o que por sus actividades y negocios representaban sectores independientes de la sociedad.

Los funcionarios judiciales que tuvieron, inicialmente, el caso del banquero, dieron largas al cangrejo judicial, para no tener líos con el Poder Ejecutivo, ni con las milicias adictas que de cuando en cuando utilizaban el caso para cargar contra los poderosos del dinero. Dejaron pasar dos años y medio sin tomar ninguna decisión, en tanto el acusado permanecía en prisión. En realidad, lo que se le estaba cobrando el millonario era que había aportado parte de los recursos que financiaron la huelga petrolera contra el Gobierno. El escándalo llevó a que gentes caritativas presentaran la denuncia en la ONU por la forma como se violaban los derechos del detenido, como por el temor que dada la saña con la que le trataban en los medios se atentara contra su vida. La ONU envió un comunicado a la funcionaria en la que le demostraban que se estaba violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y que de no actuar en Derecho podría ser acusada en instancias internacionales.

La jueza Afiuni, en vista de la situación no pudo negarse a los recursos de los abogados del prisionero y la presión de los organismos internacionales de derechos humanos, así que procedió a cumplir su deber y ordenar la libertad del detenido, que debía presentarse periódicamente a la justicia.

Al conocerse la noticia de la liberación del banquero, a las pocas horas el comandante Hugo Chávez despotricó contra la mujer y la acusó de ser una vil bandida. Y al mejor estilo de Robespierre, agregó: “Yo exijo dureza contra esa jueza”. Ella debería sufrir la pena máxima. Al poco tiempo detuvieron a la jueza, la humillaron, la ultrajaron y la enviaron a una de las peores mazmorras del país, entre las malevas que ella en algunos casos había condenado. En prisión sufrió las peores vejaciones y torturas, en los tobillos conserva las huellas de las cadenas, de milagro sobrevivió para contarlo. Hoy, por fin, la exjueza está en  libertad condicional, a la espera del juicio, convertida  en una mártir de la justicia y la libertad.