- ¿Cuál es el miedo a elevar el rango?
- Necesidades de una seguridad integral
No sería para nadie una sorpresa comenzar por señalar que en Colombia la línea que separa a la Policía de las Fuerzas Militares es bastante tenue. Y por eso, aunque ambos organismos cuentan con atribuciones y objetivos diferentes en el mantenimiento del orden interno y la soberanía nacional, se aglutinan en el concepto de Fuerza Pública.
Esta manera de aproximar el entorno, incluso establecida en la misma Constitución, quizá se deba a las características disímiles que tiene la nación colombiana frente a otras democracias, donde los niveles de riesgo del propio sistema y los exabruptos contra la seguridad no son del mismo tenor.
No es pues secreto que, en esa medida y por decirlo así, se haya producido una militarización de la Policía y una policivización del Ejército, confundiendo algunas de sus funciones. Lo que, desde luego, no es ideal, aunque obedezca a las realidades del país. De las cuales, por consiguiente, no es posible abstraerse, salvo que se recurra a la fórmula desdichada de hacer prevalecer la teoría sobre la práctica, dando curso a las “repúblicas aéreas” de que con tanto tino hablara el Libertador hace ya dos siglos. Lo que, por demás, suele llevar las políticas estatales a naufragar en el insondable abismo de la ingenuidad, según la lección conocida e imprescriptible del pensamiento bolivariano hasta hoy.
La experiencia colombiana demuestra, entonces, que un país asediado durante lustros por guerrillas de toda laya y por el incontenible cultivo y tráfico de drogas ilícitas, cuya táctica esencial es poner en jaque la democracia, no puede destemplar las cuerdas de una estrategia combinada de las fuerzas legítimas del orden. En esta época, mucho menos, cuando resulta evidente que por ambos flancos de la subversión y el narcotráfico existen retos geopolíticos de magnitud abrumadora. Y que, en no poca proporción, también han desdoblado sus maniobras urbanas a partir de generar anarquía y dar rienda suelta al vandalismo en las protestas y el paro, según pudo corroborarse recientemente, a través de la consigna patibularia de neutralizar y llegar a derruir el principio de autoridad como base insoslayable del Estado Social de Derecho. Para no hablar, por supuesto, de otras variantes igual de perversas como la minería criminal y la depredación irreversible del medio ambiente.
Pero también hay que decir, de otra parte, que las razones que se aducen para no producir una separación fehaciente entre las funciones policiales y castrenses no son las más convincentes. Por supuesto, desde el punto de vista histórico prepondera la mácula que significó el lesivo sesgo clientelista en los nombramientos de entonces, en particular en la Policía, propiciando la debacle que llevó en buena parte a la guerra civil no declarada entre los partidos políticos en los 25 años desde 1930.
Sin embargo, sería de suponer que ello está en la actualidad absolutamente superado, so pena de permanecer atados a un pasado que en efecto quedó atrás, no solo con el desarrollo del Frente Nacional, sino con el progreso de las instituciones creadas a partir de 1991. De lo contrario, nada se habría hecho durante tan largo período. Y sería, por descontado, el reconocimiento vergonzoso del fracaso en la modernización del país.
No es, por tanto, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya presentado, en sus conclusiones sobre la visita realizada a Colombia, esa separación como una necesidad intempestiva, sino que el país está en mora de hacerlo para depurar y mejorar su estrategia de seguridad. Debate que, además, está hace tiempo sobre el tapete. Y que a nuestro juicio permitiría concentrarse con mayor eficacia en las competencias atribuidas constitucionalmente a cada entidad.
De hecho, creemos que las fuerzas policiales deben contar con un puesto en el gabinete, bien sea a través del Ministro del Interior o del despacho que se cree a los efectos. Sin desmedro, en lo absoluto, del Ministerio de Defensa, cuya función preminente debe ser representar a las Fuerzas Militares, afinar las estrategias contra una subversión de nuevo en ascenso y conjurar los retos geopolíticos que se presentan en las fronteras terrestres y marítimas.
En tanto, frente a lo visto en algunas ciudades en las últimas semanas, parecería una obviedad que las diferentes localidades nacionales requieren más policía y que la seguridad ciudadana no da espera para que exista una estrategia integral adoptada y evaluada desde la cúpula estatal, con el presupuesto pertinente y el escrutinio del caso. Esa la urgencia, esa la realidad…