*Urge definir las reglas del juego del proceso

*Máxima transparencia en destino de recursos

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) es, indudablemente, una de las “joyas de la corona” entre los activos estratégicos en los que la Nación tiene mayoría accionaria. Tras más de cinco décadas de trayectoria, la compañía está convertida en uno de los principales grupos empresariales multilatinos. Con un gobierno corporativo de alta calidad y experticia, opera negocios de energía eléctrica, vías, telecomunicaciones y tecnologías de la información en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica. Cuenta con más de cuatro mil empleados en 58 empresas, entre filiales, subsidiarias y otras inversiones.

Una de las últimas estimaciones sobre su valor señalaba que el consorcio podría estar alrededor de los 13 billones de pesos, algo así como 4.100 millones de dólares. La Nación es dueña del 51,4% de las acciones de un consorcio que ha mantenido importantes estándares de rentabilidad, tanto en ingresos operacionales como en ganancias netas. Así lo confirman tanto el comportamiento de las acciones como los resultados más recientes, correspondientes al último trimestre de 2020. Como es apenas obvio, dado los nichos de negocio principales, ISA no ha sufrido el embate ruinoso derivado de la pandemia, pese a que Latinoamérica es una de las regiones del planeta más golpeadas por el coronavirus.

Tras la venta de Isagen en 2016, cuando el gobierno de turno recibió casi 6,5 billones de pesos por el 57,6 por ciento de la participación accionaria que tenía en la compañía del sector energético, las miradas sobre los activos que la Nación podría enajenar se han fijado en el 8,5% de las acciones de Ecopetrol que están pendientes de vender así como en ISA.

Con el duro impacto de la crisis sanitaria en materia fiscal en el último año, es claro que se requieren con urgencias recursos para seguir financiando el alto costo del plan de contingencia, el valor de la vacunación de 34 millones de colombianos así como las inversiones requeridas para reactivar la economía, generar empleo y continuar amortiguando con presupuesto público el efecto demoledor de la emergencia en los ingresos de las familias más vulnerables. No en vano una de las discusiones más reiteradas de los últimos meses ha girado en torno al cómo, cuándo y para qué de una nueva reforma tributaria que ayude a reducir el abultado déficit fiscal, dado que el margen de endeudamiento público de la Nación ya está al límite, por más que se haya flexibilizado la regla fiscal. Si bien la banca multilateral ha renovado las líneas de crédito al país para afrontar la pandemia, advirtió de paso que es imperativo un ajuste fiscal de fondo. Un campanazo similar han dado las firmas calificadoras de riesgo. Incluso hay una misión de expertos estudiando las bases de una reforma impositiva, que se basaría en reducir las exenciones. El problema es que con un segundo pico de la pandemia a bordo, que desaceleró el plan de reactivación productiva, aumentar la carga de impuestos a empresas y personas naturales no parece lo más aconsejable.

De allí que tanto en el Plan de Desarrollo como en el Presupuesto General para este año se haya dispuesto un posible cupo de 13 billones de pesos por concepto de enajenación de activos estatales. ISA es ahora la primera opción y ya tiene dos pesos pesados como pretendientes: la Empresa de Energía de Bogotá y Ecopetrol. Son dos multilatinas que no necesitan presentación y que tienen el suficiente músculo financiero y experticia para sumar un potencial como el de Interconexión Eléctrica, que trabaja fuertemente en el flanco de energías renovables, un filón de negocios muy rentable.

Por ahora lo más importante es que el Gobierno expida las reglas del juego para el proceso de venta del paquete accionario. Se trata de un negocio con múltiples complejidades, que requiere la máxima transparencia no solo en cuanto a cada una de las etapas para la enajenación de la participación de la Nación, sino también para que el Ejecutivo señale de forma clara hacia dónde se dirigirán los más de seis billones y medio de pesos que se recibirían por la operación. Obviamente hay debate sobre la pertinencia de vender esta “joya de la corona”, pero la decisión está tomada y ahora lo clave es que se haga con la mayor eficiencia y rentabilidad para el erario.