Ajuste estructural que no da espera
Aterrizar el debate a las realidades
Una vez más está sobre el tapete la urgencia de una reforma pensional que permita asegurar la viabilidad del sistema de jubilación en Colombia. Esta vez por cuenta de una advertencia de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) según la cual sólo 8,7 millones de colombianos están cotizando para lograr una mesada pensional sobre un total de 21 millones de trabajadores activos. Si esta situación no se corrige, en dos o tres décadas más de 12 millones de adultos mayores no podrían acceder a una jubilación y el Estado tendría que entrar a subsidiarles varios de los servicios asistenciales, como la salud.
No es la primera vez que se habla en el país de la llamada “bomba pensional” y se advierte que la sostenibilidad financiera del sistema, en especial el de régimen de prima media, a mediano y largo plazos tiene un panorama complicado. Los expertos en el tema alegan que pese a las últimas reformas en Colombia garantizar las jubilaciones a millones de personas que entran en la vejez continúa siendo muy complejo ya que el sistema arrastra problemáticas estructurales muy delicadas como la baja cobertura, la alta informalidad laboral, la poca cultura de los trabajadores independientes para cotizar y la rigidez normativa para adecuarse rápidamente a los cambios en materia de población económicamente activa, variabilidad de la oferta y demanda de empleo, el aumento de la expectativa de vida y la real capacidad fiscal del Estado para aforar a largo plazo los recursos necesarios para cumplir con una carga pensional cada vez más pesada y exigente. Para sólo hacerse a una idea de lo que esto último significa para las arcas estatales, se calcula que el régimen de prima media demanda recursos por 43 billones de pesos y un 16 por ciento del Presupuesto anual de la Nación. Aunque el panorama para el Régimen de Ahorro Individual y Solidaridad (REIS), es decir, el de los fondos privados de pensiones, no tiene ese nivel crítico desde allí también se han escuchado ingentes llamados a que se aboque de una vez por todas una reforma pensional de fondo y estructural. Incluso, todavía no hay suficiente claridad sobre los motivos que han impulsado el pico de traslados de personas que estaban en el régimen de los fondos privados hacia el de prima media.
Es claro que medidas gubernamentales para promover la formalización del empleo, la llamada “pensión familiar”, la reducción de la carga impositiva y de contribuciones parafiscales a las empresas, la flexibilización de los regímenes de cotización temporal, entre otras acciones, han tenido un efecto positivo, pero muy limitado ante la realidad de un país en donde sólo el 22 por ciento de la personas en edad de jubilación cotizaron para recibir la correspondiente mesada. Ello ha llevado, incluso, a generar esquemas paralelos como los “Beneficios Económicos Periódicos” (BEPS), que son un mecanismo creado para quienes no alcanzan a jubilarse porque tienen ingresos inferiores a un salario mínimo o alguna vez comenzaron a cotizar pero que por diferentes circunstancias no cumplen los requisitos para recibir la pensión.
Es claro, en consecuencia, que la reforma pensional tiene que hacerse. Y no sólo porque está probado que el sistema requiere un ajuste de fondo, sino porque la solución de las problemáticas que arrastra hacen parte de la lista de pendientes que tiene Colombia en su proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que al comienzo de este año advirtió que el país, en materia de cobertura de jubilaciones, estaba por debajo de la media regional.
El Gobierno, como se sabe, ha dicho que está listo a iniciar el debate. Asimismo se pensaba que sería este año y que luego del análisis con los sindicatos, los empresarios y otros sectores políticos, sociales, económicos e institucionales el respectivo proyecto sería llevado al Congreso. Sin embargo, dada la complejidad del tema y porque se estaba en un año electoral, la discusión se aplazó para 2016. El Ministerio de Trabajo ya tiene un cronograma al respecto. Los analistas sostienen que entre los temas gruesos que deben sopesarse está nada menos que definir si es viable la convivencia de ambos regímenes, es decir, el de prima media y el de ahorro individual. Por igual se requiere profundizar en lo relativo a los componentes de equidad y solidaridad.
Asoma, pues, un debate de alto calibre para el país y lo más importante para abordarlo es dejar de lado las posturas inflexibles y anquilosadas, bajo la tesis de que la sostenibilidad a largo plazo del sistema es la prioridad. Para ello se requiere, en principio, una dosis alta de realidad y objetividad.