* El campanazo de la Misión de ONU
* No darle aire al régimen dictatorial
La crisis política, económica, social, institucional, de seguridad y de violación de los derechos humanos se continúa complicando en Venezuela. Así lo advirtió esta semana la llamada “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”, una instancia creada por la ONU en 2019 para hacer seguimiento a la situación en el vecino país, que lleva más de dos décadas padeciendo la dictadura chavista.
Las conclusiones del informe de la Misión, que responde al Consejo de Derechos Humanos del ente multilateral, son de toda gravedad. De un lado, se alerta que los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se están intensificado a través de políticas del gobierno de cuestionado mandatario Nicolás Maduro que buscan silenciar la oposición y a cualquier sector que critique al régimen.
Se trata de una circunstancia que evidencia la falsedad de los discursos del Palacio de Miraflores, tanto a nivel local como en los pocos escenarios externos a que tiene acceso, en torno a que hay una recuperación del escenario de libertades individuales, colectivas políticas y electorales. Por el contrario, los partidos de oposición y los precandidatos de este sector que compiten de cara a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre, en donde escogerán al aspirante que enfrentará a Maduro en los comicios presidenciales del año entrante, han reiterado que en los últimos meses aumentaron las medidas de persecución política, judicial y física a los líderes del antichavismo, así como a sus bases populares.
De igual manera, desde los altos tribunales, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría y otras instancias del Ejecutivo y el Legislativo, que se han constituido como el aparato represor del Estado, se continúan tomando decisiones para impedir que los sectores que exigen el restablecimiento pleno de la democracia y la caída del régimen puedan desarrollar su campaña proselitista con libertad y garantías. Organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos, empresarios, medios de comunicación y otros sectores también son blanco intimidación y coerción oficial.
No menos preocupante es que al investigar denuncias sobre violaciones de los derechos humanos reportadas entre enero de 2020 y agosto pasado, la citada Misión se encontró que hay “motivos razonables” para creer que se cometieron privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones forzadas de corta duración, casos de torturas y detenciones arbitrarias. Paradójicamente, evidenciando los alcances macabros del gobierno autoritario al que están sometidos los venezolanos, la ONU señala que esos casos representaron “una disminución cuantitativa” con respecto a periodos anteriores.
A todo lo anterior debe sumarse que la migración diaria de miles de venezolanos que huyen de la crisis generalizada de su país no cesa. Por el contrario, la diáspora se ha profundizado, al punto que sus nacionales constituyen la mayoría de las 330 mil personas que entre enero y agosto de este año se arriesgaron a cruzar la peligrosa zona selvática del tapón del Darién, con miras a llegar a Panamá y de allí continuar su largo y dramático camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, esto pese a que el gobierno Biden ya advirtió que no los dejará ingresar bajo ninguna circunstancia.
Las denuncias de la Misión de la ONU, así como de los partidos de oposición, al igual de otras instancias como la Sociedad Interamericana de Prensa o la OEA, confirman lo equivocados que están algunos gobiernos (incluyendo el colombiano) que insisten en pedir un relajamiento de las sanciones políticas, económicas y diplomáticas al régimen chavista. Si se permite que la satrapía madurista acceda a más recursos congelados en el exterior o que amplíe sus exportaciones, lo único que se consigue es un incremento en el saqueo del presupuesto público por parte de las redes de corrupción enquistadas en las más altas esferas gubernamentales, al mismo tiempo que se fortalece el “aparato represor del Estado” y la “asfixia del debate político” de que habla el informe revelado esta semana.
A las dictaduras no se les puede dar margen alguno, ya que se aprovechan de la buena fe de la comunidad internacional para buscar legitimarse o ganar tiempo para aferrarse más al poder acudiendo a todo tipo de mecanismos anómalos y violentos. Por el contrario, lo que se requiere es una presión más efectiva sobre Maduro y compañía, no solo para que se retomen los diálogos con la oposición en México, sino para que empiece a restablecerse la democracia, se avance en el respeto a los derechos humanos, la judicialización de los opresores y se permitan elecciones libres y transparentes.