El drama de los venezolanos bajo el régimen dictatorial no tiene fin ni límite. Prueba de ello es el artículo publicado por este Diario el sábado pasado en torno a lo que está pasando con decenas de miles de niños y jóvenes en el vecino país.

Según el último informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, presentado por la Universidad Católica Andrés Bello, más de 190 mil niños y jóvenes venezolanos abandonaron el colegio durante el año lectivo 2021-2022. Este es el índice de deserción escolar más grande de Latinoamérica. La situación sería más grave este año, ya que la crisis de ingresos en familias en 2023 se ha profundizado, lo que hace pensar que no se trata de tendencia reversible.

De acuerdo con los expertos y líderes consultados, en la mayoría de los casos los menores que dejan las aulas de clase para ingresar al mercado laboral, en algunos casos incitados por sus padres para llevar el sustento al hogar, como consecuencia de la grave crisis económica.

Entre los temas que más preocupan a diferentes organizaciones está que un número significativo de estos jóvenes acude hasta las minas de oro ilegales que abundan en el estado Bolívar (sur de Venezuela), a fin de emplearse en condiciones muy deficientes en la actividad extractiva. Las denuncias coinciden en que los menores laboran bajo condiciones infrahumanas e incluso sometidos o bajo amenaza de los grupos armados delincuenciales que controlan los yacimientos, con la complicidad o pasividad de la Fuerza Pública.

Se han contabilizado hasta 1.000 niños explotados en las minas de oro de poblaciones como Las Claritas, Tumeremo, El Callao y El Dorado, estas dos últimas son conocidos como los yacimientos más grandes e importantes del país.

Las ganancias obtenidas por las tareas realizadas apenas si les permiten a las familias sobrevivir en un ambiente de hostilidad. Ganan de acuerdo a lo que sacan: Por ejemplo, un gramo de oro vale 50 dólares, aproximadamente, y cada gramo está conformado por 10 puntos.

Además de la minería tradicional, muchos niños han aplicado otra modalidad conocida como minería urbana o “chatarreo”, término muy común en el argot del sector minero, que consiste en la adquisición de piezas de hierro, acero o aluminio para su reventa.

Casos como estos evidencian la equivocación grave de aquellos gobiernos que insisten en que se flexibilicen las sanciones a la dictadura venezolana, señalando que hay una mejoría socioeconómica.