* Panamá instala mallas con alambres de púas en la frontera

* Colombia sería nuevo epicentro de crisis migratoria

La migración ilegal es hoy una de las problemáticas más complicadas de enfrentar en todo el planeta. Prácticamente no hay continente en donde este flagelo no sea un desafío de marca mayor y genere más de un debate interno en torno a cómo enfrentarlo, especialmente si es por la vía represiva o la humanitaria.

A nivel americano esta crisis es hoy la más extendida en todo el territorio, sobre todo porque los flujos poblacionales con el objetivo de ingresar de manera subrepticia a Estados Unidos han aumentado en la última década, según lo confirman las estadísticas de las distintas agencias de la ONU y las autoridades nacionales.

La creciente complejidad del fenómeno migratorio se evidencia en el peso que hoy tiene este tema en la campaña presidencial estadounidense, en donde es claro que los aspirantes demócrata y republicano tienen una visión muy distinta de las políticas a implementar. En la contienda por la jefatura de Estado mexicana también fue un asunto central entre las dos principales candidatas. Igual ocurrió en otros comicios del último año, como los de Guatemala y El Salvador. Sin embargo, fue en los de Panamá en donde más hubo controversia al respecto. De hecho, el nuevo mandatario del país del istmo, José Raúl Mulino, hizo campaña sobre la base de prometer que si llegaba al poder adoptaría políticas drásticas para frenar el paso de centenares de miles de personas cada año por la frontera de su país con Colombia, especialmente por la peligrosa zona selvática del Tapón del Darién.

Como se sabe, Mulino ganó y se posesionó el pasado lunes. De inmediato firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para proceder a una repatriación masiva de los migrantes ilegales y contará para ello con el apoyo y financiación del gobierno norteamericano. A ello se suma que, a mitad de la semana pasada, las autoridades de la vecina nación instalaron mallas con alambres de púas en varios de los principales pasos terrestres que utilizan los migrantes para ingresar a su país. Aunque explicaron que la idea es establecer un control más eficaz para regular el tránsito diario de no menos de mil hombres, mujeres y niños, en su gran mayoría de origen venezolano, la Defensoría del Pueblo de nuestro país advirtió el viernes pasado que esas barreras metálicas pueden producir heridas a los migrantes.

Para algunos congresistas y alcaldes de la zona del Urabá es muy posible que, ante la mayor presencia policial y militar en la zona, las bandas delincuenciales de tráfico de personas, encabezadas por el Clan del Golfo, seguramente terminarán lucrándose al cobrarles más plata a los desesperados trashumantes para ‘guiarlos’ por rutas más inhóspitas y, obviamente, más peligrosas.

Si bien los presidentes de Colombia y Panamá se reunieron la semana pasada durante la posesión de este último, quedando en activar una agenda binacional respecto al tema migratorio, es claro que los dos gobiernos tienen una visión distinta en torno a cómo enfrentar esta problemática.

Lo más complicado, en todo caso, es que con los gobiernos de Estados Unidos, México y varios centroamericanos advirtiendo una política migratoria más drástica, Colombia corre el riesgo de que termine cargando con gran parte del coletazo de este flagelo, pues poco a poco dejaría de ser un país de tránsito y pasaría a convertirse en uno que debería albergar, al menos temporalmente, a miles y miles de personas. Incluso tendría que instalar campos humanitarios en muchos municipios de Antioquia y Chocó con ese objetivo.

No en pocas ocasiones hemos advertido que Colombia no puede terminar siendo el país ‘cuello de botella’ de la migración ilegal en el continente. Este flagelo requiere un abordaje integral y multinacional, además de una financiación cuantiosa que, obviamente, debe ser aportada por todas las naciones y la propia ONU.

Es imperativo, entonces, que el gobierno colombiano active una estrategia diplomática al más alto nivel, acudiendo tanto a Naciones Unidas como a la OEA, la Casa Blanca y reuniones bilaterales con el resto de presidentes latinoamericanos. Asimismo, es urgente que se establezca una estrategia con los gobernadores y alcaldes del suroccidente para regular el tráfico de migrantes y no dejar que miles y miles de ellos lleguen al Urabá chocoano y antioqueño, en donde terminarán más hacinados que hoy.

Como se ve, más allá de que la instalación de las alambradas de púas en algunos tramos de la frontera panameña haya impactado a las autoridades y opinión pública colombiana, es evidente que estamos frente a un cambio de tendencia gradual en el combate a este fenómeno poblacional, en donde parece que la mano dura empieza a ser la opción más utilizada.