Pese a que desde hace varios meses están disponibles los recursos con que gobernaciones y alcaldías deben emprender las obras de rehabilitación y reconstrucción de los daños dejados por la drástica ola invernal de finales del año pasado y comienzos del actual, hay preocupación en varias regiones porque el ritmo de ejecución no ha sido el más eficiente. Incluso, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales afectó la implementación de obras y proyectos, al restringir drásticamente el margen de acción de contratación de gobernaciones y alcaldías. Tampoco ha estado todo este proceso exento de los riesgos de clientelismo político, es decir de candidatos a los comicios del 30 de octubre que maliciosamente aprovechan la entrega de las ayudas humanitarias y la adjudicación de contratos con el fin de arrastrar votos a su favor. Y a todo ello debe sumársele el siempre presente riesgo de corrupción y desgreño administrativo. Los informes revelados días atrás por la Contaduría General en torno a que muchos contratos fueron asignados sin licitación sino por adjudicación directa o mediante convenios interadministrativos, han encendido las alarmas sobre la transparencia y objetividad en la inversión de las obras de contingencia invernal.

Tanto el Gobierno como la Procuraduría, Contraloría y demás entes de control a nivel nacional, regional y local deben revisar al centímetro cómo avanzan esos procesos de reconstrucción de los daños producidos por las lluvias, deslizamientos y afectación de la infraestructura. En aquellos casos en donde se detecte negligencia o ineficiencia, las sanciones deben ser las más drásticas posibles.