* Los fondos de la violencia
* La recuperación del orden
En los últimos años los colombianos recordamos que los territorios de la periferia del país, donde por décadas se expandió la violencia y apenas tenemos una infraestructura precaria o en papel, poseíamos una inmensa riqueza minera. Hoy sabemos que los subversivos de esos extensos territorios como el Putumayo, no solamente estaban enterados de la riqueza que se escondía en las entrañas de la tierra sino que establecieron explotaciones clandestinas de petróleo y refinerías artesanales, para abastecer la propia demanda y solventar las necesidades del mercado ilícito de combustible. Esas refinerías rudimentarias, que en ocasiones extraían el crudo de pozos abandonados por las multinacionales, según informes oficiales fueron destruidas por la Fuerza Aérea, dado que de no hacerlo seguirían abasteciendo la subversión, la producción de sustancias alucinógenas y reforzarían la autarquía económica y el poder de los sediciosos. Se sabe que organizaciones ilegales de distinto signo político o sin ninguno, se dedican a la explotación minera clandestina principalmente de carbón y oro. En el Guainía las Farc se valen de los indígenas de la zona para explotar el oro que se vende en Brasil y comerciar el koltán a las multinacionales, siendo el principal abastecedor de estas el Congo, cuyas regalías han servido para financiar la guerra civil.
Investigadores sociales advierten que el auge de la explotación del oro, mineral que entre el 2007 y el 2010 duplicó su valor, así últimamente esté a la baja, coincide con el aumento de la violencia en las zonas mineras. Puesto que parte de las ganancias se invierte en armas ya sea para defender las minas o con miras a amenazar a los mineros, aumentan el poder de fuego de los violentos y el número de víctimas. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha manifestado en distintas oportunidades que buena parte de los dineros de la minería clandestina se destina a financiar a los grupos armados ilegales. Los hechos demuestran que la violencia periférica se financia en la actualidad en gran parte con las ganancias del comercio ilícito de minerales. La contralora general de la Republica, Sandra Morelli, coincide con las admoniciones del Procurador, dado que apenas el 62% de los 5.316 que tienen título minero paga las regalías. Con 14.357 unidades mineras en el momento de ese informe del 2012 se contaba con 5.316 minas sin título minero y 9.041 que no tienen permiso de exploración. Y un poco más de 2.300 minas cuentan con licencias ambientales. Sorprende que un pequeño porcentaje de las empresas que explotan ilegalmente los minerales pague impuestos. El problema de la minería se agudiza en la medida que no es fácil controlar la explotación ilegal en más de 17 Departamentos, dada la extensión de esos territorios en los que cabrían varios países europeos.
Es de anotar que el 54% de la inversión extranjera en 2012 corresponde al 5% del PIB. Los impuestos a la minería equivalen al 2% del PIB y las exportaciones mineras superan el 50% de los ingresos estatales por ese motivo. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos viene realizando grandes esfuerzos por incentivar la minería legal que está ligada a la recuperación del orden en esas regiones. Al mismo tiempo hay empeño por acotar la minería ilegal como fuente de financiación de la subversión y las bandas criminales. Otro de los problemas que afronta el Estado en cuanto a la explotación de sus recursos mineros consiste en que no tiene un conocimiento exacto aproximado de esa riqueza que, irónicamente se concentra en las zonas más pobres del país, que ahora son de las más atractivas para las empresas nacionales y las multinacionales.
La directriz oficial establece de manera tajante las reservas y zonas en las cuales bajo ningún motivo puede darse la explotación minera en cuanto sería un atentado al ecosistema. Trágica la experiencia de regiones del país en donde la explotación legal e ilegal de nuestra riqueza ha dejado la huella de gravísimas depredaciones y millares de enfermos, así como causado la contaminación de las aguas y destrucción de humedales. Por tanto como lo estima el Gobierno es fundamental hacer la paz para que impere en las zonas de violencia minera la legalidad. En esos dos frentes trabajan las autoridades civiles y, las Fuerzas Militares redoblan sus esfuerzos por recobrar la soberanía territorial y minera. Se estima que la producción petrolera de Colombia que por ahora ronda el millón de barriles podría aumentar ostensiblemente en el momento en que en esas zonas se ejerza la plena soberanía del Estado.