*Súplica de gobernadores contra anarquía
*Es al presidente a quien toca el diálogo
Como es sabido sobremanera, la política de seguridad no solo depende de la eficiencia de la Fuerza Pública, sino de la coordinación entre las diferentes autoridades civiles: nacionales, departamentales y municipales. Un cortocircuito entre estas, no solo es grave, sino que conduce inexorablemente a evadir las responsabilidades constitucionales, además de dejar expósita a la población colombiana y abandonarla al capricho del delito, las amenazas y la violencia. Es decir, a incumplir los fines esenciales del Estado.
Nadie dudaría, por tanto, de que han resultado desafortunadas las intempestivas declaraciones dadas por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, más bien atildado, en el marco de un debate en el Congreso sobre el desborde de la criminalidad en el país y que, para solo citar lo ocurrido en estos últimos días, ha cobrado la vida de varios policías y soldados en medio de emboscadas, ataques de sicarios y atentados terroristas, así como feminicidios que han entrado a engrosar la abrumadora agenda cotidiana.
Es pues improcedente, por decir lo menos, considerar que las advertencias de los gobernadores en torno a la irrupción de la anarquía en sus localidades tienen, dizque, un móvil electorero, con miras a los comicios regionales de octubre, y que por tanto resulta una conducta hipócrita, como les ha replicado Velasco con toda frescura, insistir en que la situación es apremiante y exige respuestas de un gobierno que vive molesto y exasperado con cualquier demanda ciudadana.
Pero basta ver, tal y como hemos insistido en estas líneas, las alarmas sobre el deterioro en múltiples departamentos y ciudades. No solo se trata de las alertas de gobernadores y alcaldes. También de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Registraduría, partidos, candidatos a las próximas elecciones, mujeres, empresariado, campesinos y, en general, el común de los colombianos (¿el enemigo interno?). En efecto, no hay encuesta del orden nacional, regional o local que no concluya que la inseguridad es hoy por hoy el problema que más preocupa y acorrala a la ciudadanía. Es más, las propias cifras del Ministerio de Defensa dan cuenta del aumento sistemático de algunos delitos de alto impacto. Por ejemplo, suficiente con corroborar, en varios territorios urbanos, el infranqueable auge de la extorsión.
Desconocer esa realidad y, peor aún, tachar a quienes la ponen de presente de estar actuando movidos por intereses deleznables desdice de la responsabilidad del Gobierno nacional. Salvo que el ministro en mención se sienta cómodo bordeando los límites del prevaricato y prefiera omitir la razón de ser de su cargo en estas sensibles materias. Porque, a decir verdad, ni “seguridad humana”, ni por esa vía desfachatada de ocultar el oscuro horizonte con dislates, Colombia está en capacidad de proclamarse “potencia mundial de la vida”. Al contrario, no solo caen “líderes sociales” sin mayor reproche, sino que, a partir de esa actitud permisiva y extravagante generalizada, parecería confirmarse la manga ancha para la delincuencia y la corta para la ciudadanía.
No menos evasivas resultaron, claro está, las respuestas del funcionario frente a los avisos del registrador en torno al riesgo que corren las elecciones en algunos sitios. Replicar que esa entidad debe concentrarse en que “no se le vuelvan a perder 500.000 votos” puede servir, ciertamente, para recordar cómo el Pacto Histórico, partido de gobierno, obtuvo varias curules adicionales de Senado por arte de birlibirloque. Y este reclamo ministerial está bien al respecto, aunque a la larga esa solicitud suene, quizás en una fiebre repentina, un tanto extemporánea y en reversa de su jefe y beneficiarios de coalición. En todo caso, las alertas de orden público por parte del registrador, que cuestiona Velasco, deberían llevar cuando menos a una convocatoria extraordinaria del Comité de Garantías Electorales, cuya cabeza, paradójicamente, es el propio ministro.
Como era de esperarse, su jefe ha salido a defender a Velasco de los ‘infundios’ sobre la seguridad, luego de la carta unánime de los gobernadores suplicando ser escuchados y pidiendo su cambio. Pero, ni más faltaba entregar la cabeza del ministro a esos maniobreros electorales, podría pensarse en la Casa de Nariño. No obstante, con Velasco, o sin él, con otra crisis ministerial o sin ésta (según se viene anunciando desde hace semanas), eso es lo de menos. Lo que importa, en una sana democracia, es que los mandatarios locales tengan con quién hablar y actuar. Y eso no puede ser, sino con el presidente. ¿O acaso será que no dialogar con los gobernadores, desconociendo de un plumazo sus mandatos, es parte del cambio? ¿Es posible cualquier paz actuando en contradicción con quienes tienen el pulso de sus habitantes y sus territorios?