* La justicia investiga
* Sindicatos por la huelga general
La tensión aumenta día a día en España, pese a los notables esfuerzos que hace el gobierno de Mariano Rajoy para devolver la calma al país. Las noticias sobre el estado de las finanzas públicas son cada día mas alarmantes, se descubre casi a diario que las instituciones presentaban cifras positivas maquilladas, que esconden enormes faltantes o malversaciones. Aparecen ayudas a sectores sociales menesterosos que nunca llegaron a quienes la necesitaban y fueron a parar a las alforjas de intermediarios sin escrúpulos. Se dan casos de obras públicas importantes, en las que mediaron grandes inversiones, que no fueron estudiadas con suficientes detenimiento, para darse cuenta cuando ya era tarde de que en tiempos de abundancia tomaron decisiones atolondradas, es así como se construyeron carreteras o vías férreas en zonas que no las necesitan o que no eran rentables, y ahora cuando están escasos de fondos no saben cómo mantenerlas. Lo mismo que se devela un entramado de corrupción que se extiende por todo el país, que no solamente desfalcó los fondos estatales, sino que deja enormes deudas y compromisos que el gobierno local y los regionales deben asumir o verse comprometidos en multimillonarias demandas.
La situación es más compleja en cuanto las deudas que deja la administración anterior las debe asumir el Gobierno actual, en la medida que lo exige el Banco Central Europeo. En ese sentido Rajoy ha sido enfático, España pagará todas sus deudas y le mostrará al mundo que tiene la capacidad de resolver sus problemas financieros. Lo que no podía calcular, en cuanto se pensó que las cifras de la economía eran ciertas, es que escondían tan cuantiosas faltantes. Así que los dineros que, inicialmente, se habían calculado para reactivar la economía, después de reducir los gastos oficiales y hacer recortes en casi todos los rubros, lo mismo que definir despidos de personal insostenible, ahora no existen. Lo que determina que España debe salir a vender activos estatales y, en teoría, solicitar préstamos para pagar deuda, lo que riñe con las políticas rígidas que exigen Alemania y Francia a sus socios de la Unión Europea. Con la finalidad de ablandar el corazón de los banqueros, el Gobierno español afirma que no se deben cegar por las fórmulas económicas inflexibles, dado que pueden precipitar el derrumbe económico y social de varios países miembros de la misma, lo que precisamente se quiere evitar a toda costa. Ese eclecticismo económico del que está dando muestra el dirigente español ha tenida cierta acogida y parece que la banca europea le dará un ligero respiro a su gobierno que apenas comienza.
Al mismo tiempo el gobernante intenta convencer a la población de que todos unidos deben hacer sacrificios y contribuir a devolver a plenitud la solvencia del país, para que cada quien asuma la responsabilidad que le compete. Lo que indica que habrá que tener ciertas regulaciones con el sector financiero que es responsable en buena parte, de haber girado millares de préstamos que hoy no se consiguen recuperar o que fueron a parar a paraísos fiscales. Por su parte, la justicia que suele moverse con prudencia y pies de plomo, investiga cuidadosamente las defraudaciones que se cometieron para sancionar a los culpables de haber desangrado las finanzas públicas a lo largo y ancho del país, entre los que se encuentran políticos y destacados elementos del sector privado, la industria, el comercio, la construcción y la burocracia oficial. Por lo que desde ya se especula sobre la cantidad de juicios que van a sacudir a la opinión pública.
La anterior amenaza de sanciones a los funcionarios corruptos y sus cómplices, no consigue sosegar a la opinión, ni a los sindicatos, comprometidos con la crisis por su silencio con el anterior gobierno, que anuncian una huelga general para el próximo 29 de marzo. Se trata de dos poderosas agrupaciones, los sindicatos CCOO y UGT. Esa será una injusta prueba de fuego para Rajoy, que tan solo se explica por el juego sindical de recobrar la popularidad perdida. Las grandes mayorías que han demostrado su madurez en las pasadas elecciones siguen con el Gobierno. Existe un común denominador en la sociedad de fortalecer la solidaridad, para que cada cual pueda contribuir a la reconstrucción nacional. Se espera que el Gobierno salga fortalecido después de las protestas sindicales, algo que estaba calculado cuando tomó las duras medidas para depurar las finanzas publicas.