* Gritos de una moción de censura
* La democracia se cae a pedazos
Los sucesos similares a los “falsos positivos” acaecidos durante este gobierno en Tierralta, hace un par de días, son demostrativos de que es poco lo que el país ha avanzado en materia de la pedagogía respectiva. Tal vez, ciertamente, porque los factores disuasivos de la justicia transicional, en el propósito de perdonar este tipo de conductas atrabiliarias y supuestamente en aras de la no repetición, no han tenido el impacto debido. O a lo sumo se han quedado en esporádicas audiencias públicas sin mayor repercusión de mediano y largo plazos.
Esto lejos, además, de los fallos oportunos. Y todavía más lejos, incluso, de las sanciones administrativas benevolentes, a cambio de las penales, presupuestadas para quienes incurrieron en las denominadas ejecuciones extrajudiciales: en realidad asesinatos de personas inocentes y seleccionadas con sevicia para el fusilamiento a fin de disfrazar luego los cadáveres con uniformes de los criminales insurreccionados, en un todo agravado. Y así cobrar victorias mendaces, además como aleve mecanismo de distracción frente a la cobarde y estruendosa incapacidad militar, por descontado, sumida en el abismo del deshonor y de cruel justificación para conseguir galardones, ascensos y canonjías.
Al fin y al cabo, como lo hemos dicho de forma reiterada, poco tenían que ver estos actos de traición a la patria, a la Constitución, a las víctimas, a la ciudadanía, a las propias Fuerzas Armadas y a sus superiores, con la imposición legítima de la ley que, por conducto de la infinidad de buenos profesionales militares y policiales, finalmente llevó a la desactivación de las Farc (aunque de modo parcial).
De hecho, en esa oportunidad, cuando los propios agentes del gobierno develaron este tipo de maniobras bárbaras, tras las denuncias de organizaciones no gubernamentales, se produjeron múltiples remociones en las dependencias militares. Y ahora, con el caso de Tierralta, pese a tanta agua corrida bajo el puente, se llega al mismo llano, donde las armas del Estado se vuelven contra los ciudadanos, en esta ocasión, a través de una decena de militares que aparentemente se habrían disfrazado con los uniformes de las neo-Farc para amenazar a una comunidad en la vereda de Boca Manso, Córdoba. Lo cual, de confirmarse el hecho, puede también ser sintomático de actividades parecidas que no se han develado en otros lugares y por igual prosperan durante este gobierno en operaciones por fuera del servicio. Lo que asimismo es mucho decir, no solo porque el perdón de los hechos antecedentes no parecería haber actuado de factor disuasivo, sino porque hoy dejan entrever una notoria carencia de control cuando se suponía que eso era lo mínimo a pedir de este gobierno. Y todavía peor, claro está, al confirmar el clan del Golfo que fueron ellos quienes impactaron el helicóptero con delegados de la Procuraduría y Fiscalía para investigar el caso in situ. Las conexiones saltan a la vista.
Por un lado, pues, podría decirse, como ya lo hemos traído a colación otras veces, que el carácter propedéutico de la ley, es decir, su trayectoria esencial en la creación de las costumbres, modos y formas sociales, ha perdido temple y vigencia a raíz de su anulación retributiva. Y, por otra parte, está por demás señalar que el Congreso, una vez más, tiene que hacer control político en todo cuanto está aconteciendo frente a la seguridad en Colombia, así las evasivas sean la nota contante y sonante. La realidad ya no da para tanta fábula.
Porque no es desde luego, como trina el presidente Gustavo Petro desde algún lugar del exterior, que acaso haya vuelto el paramilitarismo. ¿Vuelto? Es más bien que el dominio territorial de parte del Estado es un sofisma a juzgar por la acción libre de grupos irregulares de toda índole, laya e insignia. Y que se campean a diestra y siniestra, a pesar del clamor de gobernadores y alcaldes, y el claro desamparo en que vive la democracia hacia las próximas elecciones regionales sujetas al terror, según el Registrador nacional.
No hemos sido muy partidarios de la figura de la moción de censura por su ineficacia evidente. Pero en este caso, y no solo por Tierralta, sino por el cúmulo de incidencias estrepitosas de todo tipo, resulta palmario que la responsabilidad política la exige a gritos, lo mismo que la preservación del honor militar. ¿Acaso hay ministerio de Defensa?